Lic. Mario Jesús Carrillo López / Responsable de Instituciones de Garantías, Oficina de Vinculación mjcl@ovgarantias.com
En 2017, como ocurrió en otro septiembre, México enfrentó una de las pruebas más dolorosas de las últimas décadas, la cual dio, una vez más, la oportunidad de demostrar la gran capacidad de nuestro país y nuestra gente para unirse, solidarizarse, empatizar, apoyar y salir adelante ante las adversidades. En medio de la desesperación y angustia, se fortalece la esperanza; en esa coyuntura, la fe toma un papel protagónico para tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Resultó de gran ayuda la movilización inmediata de los sectores público y privado para atender las situaciones de urgencia que se presentaron el día del evento y los subsecuentes. Desde luego, en estos casos, primero hay que ocuparse de salvaguardar lo más importante: la vida y la salud. Enseguida, apareció en escena el sector asegurador, que desempeñó un papel muy importante en la atención de los siniestros y resultó de gran ayuda para los asegurados, atemperando de la mejor manera posible los efectos de los daños sufridos. Después, se dio paso al proceso de reconstrucción y la fianza apareció como mecanismo de garantía para apoyar el mismo.
A manera de antecedente, recordemos que, como en otros siniestros, la administración pública ha intervenido en la coordinación de los esfuerzos de la iniciativa privada con el propósito de coadyuvar en una pronta restauración de los daños sufridos. En este sentido, en 2005, tras los huracanes Wilma y Stan, se estableció el Consejo Nacional de Infraestructura, atendido de manera directa y personal por Vicente Fox Quesada, el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro sector afianzador fue parte integrante de dicho Consejo y, a través de Jorge Rodríguez Elorduy, presidente en ese momento del Consejo
Directivo de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, rindió el informe de las acciones realizadas por las instituciones que lo integraban. Como en 2005, el Gobierno de la Ciudad de México encabezó la coordinación de los trabajos de reconstrucción que se tornaban apremiantes en todos los sentidos tras lo ocurrido en 2017. En ese momento, había un reto especial, pues se debía dar cumplimiento a la Ley de Obras de la ciudad y estaba latente la urgencia de dar inicio a los trabajos de reconstrucción.
¿Qué hicimos como sector de garantías y cuál fue nuestra experiencia?
Tras diversas reuniones de trabajo con las autoridades y el Comisionado para la Reconstrucción, se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Sector de Garantías. Dicho convenio, en su cláusula primera, estableció como objeto: “Sumar esfuerzos entre ‘las partes’, a fin de establecer los textos de las pólizas de fianza para aquellos contratistas que, en virtud de un proceso de insaculación, resultaron designados para intervenir en las labores de reconstrucción, rehabilitación y supervisión en los inmuebles sobre los cuales las personas damnifica- das tienen la propiedad o legítima posesión, y deben garantizar el cumplimiento de sus obligaciones”. Además, se previeron los aspectos inherentes al contrato principal, el procedimiento de ejecución y la reserva del derecho para el otorgamiento de garantías en términos tanto de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas como de la Circular.
Única de Seguros y Fianzas.
Resulta oportuno señalar que la expectativa del gobierno era “descansar” en la experiencia y operación del oficio afianzador en materia de suscripción, es decir, que la institución fiadora hiciera las veces de un verdadero filtro en el ejercicio del análisis de las capacidades de los contratistas y proveedores, para que se inhibiera cualquier tipo de incumplimiento y la reconstrucción se llevara a buen puerto. De esta manera se trabajó en las primeras revisiones de los contratos principales y en los primeros textos de fianza que los garantizarían, para dar inicio a los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México. Como todo lo bueno, este proceso tuvo áreas de oportunidad, pues algunos aspectos podrían haberse atendido de mejor manera.
¿Cuáles fueron los retos?
Desafortunadamente, la sustitución de los servidores públicos y la intervención de nuevos actores interrumpieron los canales de comunicación e interacción que se habían tendido. Se tuvo noticia de cambios realizados en los contratos garantizados y en los textos de las fianzas, cuyo contenido y alcance fueron diferentes a lo previamente acordado. Dichos cambios trajeron como consecuencia resultados no previstos ni platicados entre las partes, lo cual generó falta de comprensión y entendimiento respecto del alcance de la garantía solicitada. Por otra parte, ya avanzado el proceso, la competencia en el mercado, tanto institucional como de intermediación, propició que en algunos casos el filtro no cumpliera cabalmente con el objetivo esperado, por lo cual se otorgaron fianzas a algunos contratistas (constructores) que, de haber sido sujetos al escrutinio correspondiente, no hubieran sido sujetos de garantía.
¿Qué podemos concluir?
Primero, una vez más se reconoció la fianza como medio de garantía por excelencia, que formó parte, en este caso, de la gran cadena de infraestructura nacional encargada de impulsar la reconstrucción en la Ciudad de México y en el país. En esta clase de eventos, la fianza también aporta desde el ámbito que le corresponde sus capacidades y funcionalidad para el cumplimiento de los objetivos previstos en atención a las cualidades que le son inherentes. La fianza es un instrumento asequible que está respaldado por una gran experiencia en su operación, la cual es ejercida por las instituciones especializadas en garantías, que son regidas con altos estándares regulatorios, cuyo cumplimiento acredita su solvencia en capital y reservas; están sujetas a la inspección y vigilancia de la autoridad (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas); tienen el apoyo de reafianzadores nacionales e internacionales calificados; siguen los procedimientos previstos en la ley para su exigibilidad, y cuentan con la flexibilidad necesaria para atender las situaciones que se presenten.
Segundo, el trabajo conjunto que motive el entendimiento mutuo siempre será benéfico para todos los usuarios de este tipo de garantías. En este contexto, es menester tener siempre presente la naturaleza accesoria de la fianza; poner atención en las obligaciones que asumen quienes serán los fiados en los contratos; recordar que el fiador no puede obligarse a más que el deudor principal y que, en caso de que esto suceda, la exigencia de la fianza carecería de fuerza legal y el fiado válidamente podría oponerse, en su caso, a pagar la recuperación a la institución; saber que, en principio, las modificaciones a las obligaciones garantizadas sin el consentimiento del fiador extinguen la fianza; considerar que existe un procedimiento previsto en la ley, sujeto a plazos perentorios, para proceder con la ejecución de la garantía, y reconocer que, en su caso, el incumplimiento deberá ser imputable al fiado. Todo lo anterior, entre otras cosas, debe tomar en cuenta el administrador del contrato, cuidando la funcionalidad de la garantía.
Tercero, el ejercicio del oficio de un fiador responsable (institución-intermediario) dará como resultado la inhibición del incumplimiento, traerá la satisfacción de los solicitantes de las garantías, evitará frustraciones innecesarias al momento de ejercer los derechos, conservará tanto el prestigio como la solidez de la garantía y mantendrá el nivel esperado de suscripción.
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