Seguros obligatorios

Carlos Zamudio Sosa

México Claims and Risk Management, S.C. / carlos.zamudiososa@gmail.com

Quienes organizan la operación del seguro de daños tienen el claro propósito de obtener beneficios de este tipo de operación financiera. Cualquier aseguradora (accionistas) tiene el derecho legítimo de esperar utilidades después de invertir enormes sumas de recursos en un muy complejo entramado de servicios y en un alto grado de conocimiento para identificar qué riesgos conviene retener y cuáles deben transferirse a una estructura mayor (el reaseguro). Por si nos cuesta imaginar la complejidad de armar una empresa de esta naturaleza, imaginemos ahora cuán arduo es estructurar contratos conforme a las disposiciones muy claras que regulan este tipo de inversiones, para el buen seguimiento de las normas financieras expresamente creadas para este negocio, y conforme a muchos aspectos de control y auditoria permanentemente regulados y verificados, para proteger a la masa de clientes que tienen el propósito común de transferir sus riesgos y desean formar parte de dicho entramado financiero.

No todos los potenciales consumidores de seguros ven el lado social de estos productos, pues los entienden como un gasto en lugar de como un generador de reservas y no comprenden que tales instrumentos operan bajo la condición de distribuir riesgos individuales para proteger personas o entidades comunes de trascendencia social. Por esto último, hay actividades económicas donde por disposición legal se exige a los empresarios y personas contar con un seguro de responsabilidad, aunque en algunos rubros y supuestos se admite que la póliza se permute por fondos y reservas propias.

Algunos seguros obligatorios son el de responsabilidad civil profesional para agentes, que se pide a los asesores de seguros por los posibles errores y omisiones que cometan en el ejercicio de su labor; el de autos que circulan en caminos y puentes federales, y los de daños, que muchos conocen como pólizas de responsabilidad civil, los cuales se piden a, por ejemplo, el transporte federal de pasajeros y las empresas que distribuyen combustibles o manejan materiales peligrosos y desechos industriales.

Este tipo de obligaciones impuestas forma parte de una política pública que tímidamente trata de salvaguardar las pérdidas que los accidentes producen en terceras personas. Si se implementara el seguro universal de responsabilidad por uso de automotores, se daría seguridad jurídica a la potencial víctima en prácticamente cualquier hecho dañoso, porque el eventual responsable tendría un respaldo para responder por su actuar culposo. Sin embargo, los seguros universales de responsabilidad son muy complejos de diseñar y más aún de implementar, porque se requiere invariablemente la categorización de la exposición de cada riesgo en lo individual.

Los riesgos diferenciados de las actividades humanas y de transformación que involucren el uso de bienes peligrosos deberían estar sujetos a los seguros obligatorios de responsabilidad, pues cuando ocurren el afectado termina soportando las pérdidas ante la insolvencia del responsable y transfiriendo mucho de este costo al ya de por sí mermado sistema de salud social cuando el daño se traduce en lesiones. Sin embargo, resulta una medida desproporcionada exigir seguro solo a unos profesionales, pues otros también pueden causar perjuicios con su actividad, o solo al automovilista que transita en ciertas carreteras, pues la aplicación de esta medida debería ser universal.

Mientras un gobierno no acepte cargar con las consecuencias de la impopularidad que cause elevar a disposición legal los seguros de responsabilidad, porque no le conviene, y se escude en la aparente intención de proteger a las minorías que teóricamente no pueden contratar esas protecciones, estará obrando justamente en contra del interés social, porque tanto el dañador como la víctima carecen de la capacidad financiera para enfrentar las consecuencias de un hecho dañoso. De igual manera obran los populistas que, para aprovechar un momento político, disimulan la supuesta protección universal mediante seguros médicos económicamente inviables, proponiendo límites ajenos a todo estudio actuarial, y disfrazan de buena intención su supuesto interés de mantener los seguros y dar protección a adultos mayores, como recientemente se ha propuesto elevar a ley.