Carlos Zamudio Sosa / Claims Manager, México Claims and Risk Management czamudio@mexicoclaims.com
Tras cada evento catastrófico es inevitable comparar sus efectos con los de otros. Si pensamos en dos sismos con intensidades similares, el ocurrido en Turquía hace un año y el sucedido muy recientemente en Japón, y dejamos de lado las muertes, notaremos que las consecuencias son diferentes, aunque las normas constructivas son similares, pues los daños asegurados en Turquía ascendieron a más o menos 5300 millones de dólares (mdd) y, según las primeras modelaciones, los de la tierra del sol naciente suman unos 6400 mdd. Al ver estas cifras y recordar que el sismo de 2017 en México provocó pagos de poco más de 1300 mdd, queda claro que las pérdidas aseguradas en cada siniestro catastrófico son siempre de miles de mdd.
Tras ver la regulación de la construcción en nuestro país y en Japón, observamos que no hay elementos que nos distingan; sin embargo, sí hay diferencias significativas cuando se trata de preparación resiliente, lo cual abordamos aquí. En México, se generaron cambios tras el sismo de 1985 y en 1995 se fijaron Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, las cuales se fueron perfeccionando para que las nuevas edificaciones, al menos en la Ciudad de México y la zona conurbada, se erijan bajo criterios y estándares basados en la correcta caracterización de las necesidades que impone cada sitio de riesgo mapeado. Medidas similares se implementaron en Japón tras el sismo de 7.4 grados de magnitud acaecido en 1981, ya que a partir de este se obligó a que todas las nuevas infraestructuras se construyesen para resistir fuertes sismos. Resulta evidente que los elementos de análisis sísmico son muy buenos en ambos países.
En cuanto a las pólizas y la constitución de las reservas técnicas en Japón y México, hay enormes diferencias. Allá el riesgo de sismo y sus consecuencias se instala en cada contrato y el reaseguro de terremoto queda en las manos del Japan Earthquake Reinsurance (JER), un consorcio integrado por once aseguradoras locales y respaldado por el gobierno con fondos presupuestales. Esto último significa que un alto componente de las pérdidas excedentes se comparte socialmente, pues el país nipón ha apostado por una cultura de reducción del riesgo de desastres a largo plazo (bosai), que es una iniciativa integral para mitigar las pérdidas físicas y económicas de manera que no retroceda el desarrollo social (ver imagen). Por tanto, el Estado interviene como último garante en la cadena japonesa del seguro y el reaseguro.
En Japón se da por sentado que los terremotos generan un déficit, así que estos están económicamente previstos; sin embargo, constituyen una carga para una de las naciones más endeudadas del planeta, cuya penetración del seguro y los productos financieros apenas supera el 4.4% del PIB. Por cierto, este porcentaje casi duplica el correspondiente a México, cuya penetración ronda el 2.3%.
Para modelar las tarifas en Japón se contienen las pérdidas unitarias, por lo que estas se limitan a 60 millones de yenes por póliza, y las primas son calculadas por la General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ), cuya prima se basa en el Modelo de Evaluación del Riesgo de Terremoto, que a su vez parte de la fuente usada para elaborar el mapa de peligrosidad sísmica con tres zonas para reducir la brecha de costo. Así pues, el modelo de pérdidas y primas japonés se basa en que el país soportará por sí mismo los daños, mientras que las también muy avanzadas modelaciones usadas para determinar los costos en México son mayormente impuestas por los reaseguradores mundiales, en quienes recae el grueso de las pérdidas.
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