Roxana Vélez Pérez / Coordinadora editorial, Revista Siniestro
La Confederación Panamericana de Productores de Seguros (Copaprose), que forma parte de la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros (WFII), presentó durante su XXXI Congreso Iberoamericano los resultados del Estudio de Regulación Comparada, en el que participaron quince naciones de Iberoamérica.
Los principales objetivos de este trabajo fueron recopilar los modelos de supervisión y legislación aplicables a los asesores de seguros de los países participantes, identificar las mejores prácticas regulatorias, influenciar a los supervisores en beneficio de los intereses de los intermediarios y buscar la estandarización de los modelos que regulan la profesión de estos.
El estudio se enfocó en tres ejes principales: medidas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT); gobierno corporativo, y comercio digital de seguros. Las naciones que participaron fueron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Resultados
Reglamento particular para los asesores de seguros en materia de ALD/CFT.
Países que deben mantener un esquema completo de oficialía de cumplimiento.
El 47% de los países que respondieron “sí” está obligado a mantener un oficial de cumplimiento titular y un suplente.
Existencia en los países de legislación específica para regular el comercio digital de seguros que garantice los derechos de los consumidores.
En tres países (el 20%) de los que respondieron “sí”, las plataformas de comercio electrónico de seguros exigen el pago de impuestos y requisitos operativos.
Otros desafíos
Durante el congreso realizado en San José, Costa Rica, se abordaron los retos a los que se enfrentan las asociaciones de asesores de seguros, entre los que se encuentran:
• Regulación excesiva del intermediario por su rol e impacto real, desde la perspectiva del riesgo.
• Incremento de los costos operativos por el exceso de regulación.
• Necesidad de fortalecer los controles sobre cambios unilaterales en las condiciones generales de las políticas.
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