Mauricio G. Arredondo Fernández Cano1 Director general, CEI marredondo@examencei.com.mx
En el primer artículo de esta serie planteamos la necesidad de repensar los sistemas de pensiones desde distintos enfoques económicos. En el segundo exploramos la economía del comportamiento y cómo nuestros sesgos cognitivos influyen en las decisiones de ahorro. Ahora corresponde abordar un ángulo fundamental: la economía laboral y su vínculo directo con las pensiones.
El sistema de pensiones es, en gran medida, el reflejo del mercado laboral: las trayectorias de empleo, años trabajados, niveles salariales y continuidad en las cotizaciones, determinan si una persona tendrá acceso a una pensión y cuál será su monto. Hablar de pensiones sin analizar el empleo es quedarse a medias: no puede existir seguridad social robusta sin un mercado laboral fuerte, formal e incluyente.
La mayoría de los sistemas de pensiones se financian a través de contribuciones obligatorias de trabajadores y empleadores. Si la persona se encuentra en la formalidad, esas aportaciones generan derechos: pensión de retiro, servicios de salud, cobertura por riesgos de trabajo, guarderías y otros beneficios. Por el contrario, la informalidad rompe este vínculo y deja a millones de personas sin protección. En México, entre el 50% y 60% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, lo que significa que más de la mitad de quienes trabajan no están acumulando ahorro para su vejez y no cuentan con servicios de salud. A esta brecha se suma la inestabilidad laboral, los bajos salarios y la rotación frecuente, lo que reduce la llamada densidad de cotización, es decir, la proporción de semanas efectivamente aportadas al sistema frente a la vida laboral total. La economía laboral también muestra desigualdades persistentes. Las mujeres suelen tener trayectorias más discontinuas debido a las labores de cuidado, con salarios más bajos y menor acceso a la formalidad. Los jóvenes enfrentan retrasos en la incorporación al mercado laboral estable, lo que acorta su horizonte de cotización. Los trabajadores por cuenta propia, carecen de esquemas adecuados para aportar de manera regular a la seguridad social. Estos factores no solo limitan el acceso a una pensión contributiva, también aumentan la carga sobre el Estado, que debe destinar crecientes recursos a pensiones no contributivas o programas asistenciales. En un contexto de envejecimiento acelerado, ampliar la base contributiva se vuelve imperativo para la sostenibilidad fiscal y la equidad social.
El salario es el puente entre el trabajo presente y el bienestar futuro. En teoría, a mayor productividad laboral, mayores salarios y, por ende, mayores cotizaciones. Sin embargo, en la práctica, el salario mínimo y los bajos ingresos prevalecen para amplios sectores de la población, lo que limita el monto acumulado en las cuentas individuales y condena a muchos trabajadores a una pensión insuficiente. Un empleo formal y bien remunerado no solo mejora la calidad de vida actual, también multiplica la capacidad de ahorro previsional. Por eso, cualquier política de pensiones que ignore la evolución de los salarios queda incompleta.
Combatir la informalidad requiere políticas coordinadas en lo fiscal, laboral y social. Implica simplificar la regulación para microempresas, crear esquemas de cotización adaptados a trabajadores independientes y de plataformas digitales, incentivar la formalización con apoyos temporales y fortalecer la fiscalización de la evasión laboral. Al mismo tiempo, es necesario incorporar perspectiva de género y políticas de conciliación que permitan trayectorias laborales más estables para las mujeres. La educación financiera y previsional también juega un papel esencial: comprender que cada empleo formal representa una promesa de dignidad futura es clave para cambiar conductas y expectativas.
Mientras el empleo sea frágil, la vejez será incierta. Las pensiones no empiezan al final de la vida laboral: se construyen desde el primer día de trabajo. Cada cotización es un ladrillo en el edificio de la seguridad social. Un sistema de pensiones justo solo puede sostenerse sobre un mercado laboral inclusivo, equitativo y formal. Fortalecer el empleo hoy significa garantizar el bienestar del mañana. Y en esa ecuación, las políticas laborales y las políticas de pensiones deben caminar juntas, porque el retiro digno no se decreta: se trabaja día a día.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la posición institucional del Centro de Evaluación para Intermediarios, S.C. y del Colegio Nacional de Actuarios, A.C.
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