Raúl Carlón Campillo Director general, Tranquilidad y Proyección tranquilidadyproyeccion@gmail.com
Con la promulgación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y del decreto que reforma y adiciona algunas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el sector asegurador mexicano se convierte en un blanco más de la estrategia recaudatoria que el Gobierno Federal ha emprendido como regalo de Navidad.
Sin ser un experto en cuestiones fiscales, me sumo a la percepción generalizada que cuestiona semejante embate al sector asegurador cuando este es el tercer mayor inversionista en papel gubernamental, colocándose solo por debajo de las afores y los bancos. El régimen obligatorio de inversión de las reservas técnicas es el sustento de tan honroso lugar y elimina el argumento de que los accionistas y propietarios de las aseguradoras tienen posturas abusivas o inmorales. El gobierno dicta las reglas de inversión del capital que solventa con amplitud las obligaciones adquiridas por estas empresas en cada contrato.
No obstante, la urgencia por recaudar parece ser el motivo central de prohibir la práctica de compensar el IVA cobrado en las pólizas con el IVA pagado en los siniestros. Esto puede ocasionar confusión respecto de la lógica operativa de una aseguradora que suscribe, emite y opera contratos de capital para pagar pérdidas: por un lado, las pólizas obligan a la compañía a responder con dinero cuando los bienes o las personas aseguradas resultan afectados; por el otro, la compensación del IVA —entre lo cobrado por el contrato y lo pagado por los siniestros— deriva de un impuesto asociado a la operación del contrato, lo que técnicamente implica un requerimiento de reservas definido por las complejas fórmulas de cálculo actuarial realizadas por profesionistas expertos. Ante el impedimento de esta tradicional forma de operación, el requerimiento de reservas es presionado, llevando los cálculos a un mayor monto, que evidentemente impacta en las primas. Surge entonces el cuestionamiento sobre el motivo de acotar la práctica tradicional, obligando a las aseguradoras a enterar el IVA cobrado y prohibiéndoles la posibilidad de compensarlo con el pagado en los siniestros. Resulta evidente que el motivo central es la urgencia de recaudar para solventar un presupuesto de egresos orientado a mantener clientelas construidas con dinero regalado a cambio de votos.
Golpear de esta forma al tercer inversionista en papel de deuda gubernamental, fuente de una generosa cantidad de empleos directos y una mayor de empleos indirectos a través de proveedores, intermediarios, profesionistas y empresas de ajuste, constituye un acto de autofagia que, en algún momento, puede conducir a decisiones indeseables en materia de inversión. Socavar una industria que resuelve pérdidas imposibles de afrontar por el gobierno es muestra de la urgencia que este enfrenta y pretende resolver afectando a una planta productiva del país.
Podemos esperar cambios operativos en los seguros médicos y de automóviles, que se suman al indeseable incremento de tarifas, el cual ya de por sí es un motivo de preocupación al alejar a la población de las pólizas que simplemente se hacen imposibles de mantener con semejantes costos. La preocupación por regular las tarifas de los seguros médicos fue, es y seguirá siendo demagogia pura en la desinformada e insaciable clase política que nos gobierna. Esperemos que, como sector, respondamos de una manera firme y clara en beneficio de la mutualidad asegurada.
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