Platicamos con Armando Rodríguez Elorduy, director general de Sofimex, Institución de Garantías; Francisco Barajas, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías (AMIG); Alfredo Ortega Arellano, presidente de la Oficina de Vinculación de Garantías (OVG), y Guillermo Espinosa Barragán, presidente y CEO de Berkley Fianzas, para conocer cómo vislumbran el panorama del mercado afianzador mexicano en 2026.
Roxana Vélez Pérez / Coordinadora editorial, Revista Siniestro
Armando Rodríguez (Sofimex)
El sector afianzador vive constantes retos por las nuevas reglas y disposiciones que impactan la operación y nos llevan a realizar ajustes específicos de adaptación. Por un lado, tenemos las normas emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); por el otro, las leyes que enmarcan los nuevos criterios de operación del gobierno y las diversas reformas constitucionales que inciden en la actividad del sector, como el Código Fiscal, la reforma judicial y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La fianza está estrechamente relacionada con la inversión pública y siempre ha tenido oportunidades por ser la garantía más utilizada por los gobiernos federal, estatal y municipal. Para 2026 se contempla un incremento de alrededor de 1 billón de pesos en inversiones de infraestructura, las cuales darán prioridad a obras ferroviarias, autopistas, carga y seguridad. Desafortunadamente no hay una perspectiva de crecimiento en inversión en obras hidráulicas ni en salud, temas muy urgentes en México.
En mi opinión, el sector mostrará un crecimiento moderado y estable, pero enfrentará enormes retos, pues tendrá que garantizar contratos no proporcionales —mayores niveles de riesgo— por las condiciones implementadas por el gobierno y descartar la subjudicidad en las reclamaciones y litigios para acotar los plazos de ejecución. Los problemas se acentuarán por la falta de recursos federales —en muchos casos no habrá anticipos—, que volverán más complejas las circunstancias para los contratistas y proveedores, obligándolos a obtener financiamientos para iniciar y atender los contratos asignados. A esto debemos sumar los posibles retrasos en los pagos de estimaciones por los avances de las obras. Así pues, el panorama luce muy complejo tanto para la cadena de servicios de obra y contratación pública como para las instituciones garantes.
En los últimos años hemos visto un incremento en la solicitud de fianzas fiscales, las cuales garantizan los créditos que el SAT impone a los contribuyentes. Ahora, la reforma al Código Fiscal modifica de forma radical la posición de la fianza en el orden de prelación, dejándola después del billete de depósito, la carta de crédito y la prenda o hipoteca. Si esto es preocupante para nuestro sector, lo es más para los contribuyentes, quienes no solo enfrentarán complicaciones financieras y de viabilidad para garantizar dichos créditos como lo señala la nueva disposición, sino también estarán expuestos al gran riesgo de no obtener sentencias favorables de un poder judicial alineado a los intereses del gobierno, el cual facilitará al SAT la retención de recursos.
En cuanto a las oportunidades, hay expectativas de una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), lo que podría significar inversiones en distintos ámbitos, así que está en nosotros —intermediarios e instituciones— promover la fianza como la mejor garantía. Adicionalmente, aunque la penetración de la fianza de fidelidad ha ido creciendo, aún hay un gran camino por recorrer con este excelente y ahora, más que nunca, muy necesario producto para las empresas privadas y el sector público.
Francisco Barajas (AMIG)
El panorama actual del sector afianzador mexicano está marcado por modificaciones fiscales, proyectos de infraestructura y nuevos retos. Uno de los principales impactos para nuestra industria proviene de las reformas al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, relacionadas con la forma en que los contribuyentes deben presentar garantías para inconformarse ante créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las fianzas fiscales es un segmento que equivale aproximadamente al 7 % del total de las primas del mercado de fianzas en México. Sin embargo, los cambios regulatorios pueden generar efectos puntuales, los cuales podrían verse compensados por el dinamismo que se espera en otros sectores de la economía. El Plan México 2025-2030 representa un impulso relevante para nuestro sector por la magnitud de los proyectos contemplados, pues incluye más de 200 mil acciones y programas, la construcción de 1.5 millones de viviendas a través del Programa Vivienda del Bienestar que está siendo administrado por el Infonavit Constructora y la Comisión Nacional de la Vivienda, e importantes inversiones en infraestructura: la construcción y modernización de caminos, puentes, túneles y puertos; el fortalecimiento de las redes de transporte, tanto de carga como de uso privado; el desarrollo del sector energético, especialmente mediante energías limpias y mantenimiento de plantas existentes, y el abasto tanto de medicamentos como de equipo médico. Estos proyectos ayudarán a mitigar el impacto de las modificaciones fiscales en el sector afianzador. Además, el Mundial de Futbol 2026 ha impulsado remodelaciones y adecuaciones de infraestructura, que han generado una mayor demanda de fianzas.
La industria afianzadora mantiene una estrecha relación con el comportamiento del producto interno bruto (PIB), por lo que los primeros años de cada administración suelen ser complejos. No obstante, el sector logró un crecimiento real del 1 % en el primer año del actual sexenio. Los proyectos que, comparados con los megaproyectos de la anterior administración Federal, no son de la misma magnitud, pero sí son relevantes, han contribuido a este resultado positivo en un contexto de transición económica. Se espera que en 2026 mantengamos un desempeño similar, apoyados en la base que dejaron los grandes proyectos de infraestructura.
La fianza es el instrumento de garantía por excelencia en México y las compañías del sector trabajan de manera constante para fortalecer su papel en la economía. No obstante, una política recaudatoria excesiva podría generar presiones de liquidez en las empresas, lo que a largo plazo podría afectar tanto a los inversionistas como a los clientes.
Las fianzas administrativas, de obra y de proveeduría —incluyendo las de anticipo, cumplimiento y buena calidad— continuarán siendo los principales motores del sector, mientras que las fianzas fiscales podrían mostrar un decrecimiento.
Un gran reto para el sector será la diversificación. El seguro de caución seguirá siendo un complemento de la fianza, no un competidor, y tendrá oportunidades claras en mercados como el de arrendamiento, donde existen más de cinco millones de inmuebles en renta.
Alfredo Ortega (OVG)
De manera general, se espera una dinámica positiva para el mercado afianzador en 2026, ya que existen factores que lo podrían impulsar.
Por un lado, la Administración pública federal usará los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo cual se traducirá en el avance o la culminación de las obras de infraestructura anunciadas: trenes de pasajeros; construcción, equipamiento y mantenimiento de hospitales y clínicas, y proyectos de exploración, producción y modernización de refinerías y centrales eléctricas. Por tanto, se espera un crecimiento en Obra y Proveeduría por el incremento en la inversión física, pues el PEF 2026 prevé un crecimiento del 16.8 % respecto de lo aprobado en 2025. También se espera la participación del sector privado, el cual presentó a la presidenta, a través del Consejo Mexicano de Negocios, un paquete de 38 proyectos de inversión alineados al Plan México, cuyo costo supera los 40 mil millones de dólares. Finalmente, se espera un avance en el proyecto de ley que trata de la asociación público–privada para el desarrollo de proyectos.
Por otro lado, en 2026 será la revisión o el análisis del T-MEC, lo cual afectará el curso normal de la economía y repercutirá de manera directa en todas las unidades productivas; tendremos la antesala de las elecciones de 2027 para elegir a 17 gobernadores, por lo cual se espera que, durante el año, sobre todo a finales, aumente la obra pública y los servicios en los estados involucrados, y tanto el Mundial de Futbol como otros eventos de talla internacional, incluyendo la Fórmula 1, darán pauta a un posible incremento en la actividad económica, así que la fianza, por su naturaleza accesoria, podría tener una participación importante, máxime si se desea otorgar confianza a quienes contraten diferentes servicios cuyo cumplimiento debería estar garantizado.
Guillermo Espinosa (Berkley)
El mercado afianzador se proyecta estable con crecimiento moderado. Se espera un incremento en Obra y Proveeduría por los grandes proyectos de la federación, los cuales darán mayor regularidad a la obra pública y de infraestructura. El incremento de fianzas relacionadas con el Infonavit —el aumento sostenido en la colocación de créditos y la construcción habitacional generará mayor demanda de garantías en este segmento— contribuirá a un entorno más sólido para el sector durante 2026. En resumen, el dinamismo será marcado por cuatro puntos clave:
1. Revisión del T-MEC y política comercial internacional. Tanto la renegociación y los ajustes del tratado como la dinámica del comercio exterior impactarán de forma directa en la necesidad de fianzas aduaneras y de cumplimiento.
2. Inflación y tasas de interés más flexibles. Un entorno financiero más estable favorecerá la inversión. La expansión del sector de la vivienda y del Infonavit generará una mayor demanda de garantías en el segmento habitacional.
3. Nearshoring y relocalización de cadenas de suministro. La llegada de nuevas inversiones y empresas al país incrementará la necesidad de fianzas contractuales para respaldar operaciones y proyectos. Por ejemplo, la manufactura internacional abrirá espacio para las fianzas en contratos de logística y producción.
4. Programas federales de inversión pública. El inicio de los grandes proyectos de la federación dará continuidad y estabilidad a la obra pública, consolidando un mercado más regular y previsible para las fianzas. Los proyectos de infraestructura verde y energías renovables requerirán garantías específicas.
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