Adrián Palacios Ramírez / Reportero, Revista Siniestro
Eikos señala que el dinamismo industrial en México es un pilar del crecimiento económico e implica mayores exigencias en materia de cumplimiento ambiental y gestión de riesgos. Las empresas deben fortalecer sus procesos productivos, reducir sus emisiones, disminuir sus residuos y proteger a las comunidades.
De acuerdo con el Inegi, la degradación y el agotamiento ambiental asociados a las actividades productivas representan un costo de 1.38 billones de pesos (4.1 % del PIB nacional). El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) señala que los niveles de emisión de gases de efecto invernadero evidencian la fragilidad estructural del modelo productivo del país, caracterizado por la alta dependencia de combustibles fósiles.
La contaminación no solo se vincula al crecimiento económico, también a los procesos industriales poco eficientes, la infraestructura rezagada y la transición energética limitada, incrementando los riesgos ambientales y financieros.
En su Informe sobre Riesgos Globales 2025 el Foro Económico Mundial advierte que los riesgos ambientales —fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas— dominarán la agenda de la próxima década.
El Seguro de Responsabilidad Civil Ambiental (SRCA) permite a las industrias enfrentar los incidentes que generen contaminación, liberación de residuos o daños a terceros derivados de su actividad; la reparación de daños por contaminación accidental; indemnización por personas, comunidades o bienes afectados; defensa legal, y acompañamiento en el cumplimiento de la normativa vigente ante las autoridades regulatorias. Puede ser contratada por compañías con alto potencial de impacto ambiental; industrias de plásticos, alimentos y hotelería; rellenos sanitarios; terminales portuarias; desarrolladores inmobiliarios y empresas vinculadas al manejo de hidrocarburos.
El mercado de SRCA mantiene un crecimiento con una tasa anual compuesta superior al 6 % entre 2023 y 2030, impulsada por las regulaciones más estrictas y la mayor presión social a favor de prácticas empresariales responsables.
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