RC & Hogar

La imperiosa necesidad de homologar, a nivel nacional criterios para establecer montos de indemnizaciones resarcitorias.

Por: Maestro J. Daniel MARTÍNEZ GÓMEZ

Socio Fundador de DALI, S.C.

damartinez@dali.mx

Emilio era un niño, que acudía a una escuela primaria federal. Un día precedido por intensas lluvias, su mamá va a recogerlo, al salir el menor, un chubasco los sorprende y de pronto se escucha intempestivamente un estruendo, producido por el desgajamiento de un árbol que se encontraba en el interior de la escuela, unas ramas caen sobre Emilio, provocando su fallecimiento.

Emilio era un pequeño de siete años, que acudía a una escuela primaria que, por su dependencia económica, era catalogada como federal. Un día del verano del 2016, que había estado precedido por intensas y constantes lluvias, se anticipa la salida de los alumnos. En virtud de ello, su mamá va a recogerlo y, al salir el menor, un chubasco los sorprende, así que comienzan a caminar a paso veloz hacia su domicilio. De pronto, se escucha intempestivamente un estruendo, producido por el desgajamiento de un árbol que se encontraba en el interior de la escuela, y unas ramas caen sobre Emilio, provocando su fallecimiento.

Ante tal acontecimiento, su familia, después de haber pasado su luto, se acercó con las autoridades educativas para solicitar la indemnización que en términos de ley correspondía. Por tal motivo, los abogados (Dali), asignados por la aseguradora que tenía a su cargo la póliza de responsabilidad civil de la escuela, tuvimos que formular, tanto a los padres como a las autoridades educativas, algunas precisiones para que tuviesen un panorama más claro de la situación y comprendieran de mejor forma el entorno legal:

  • El incidente no sucedió dentro de la escuela sino a las afueras de ésta. Si bien es cierto que el árbol se encontraba dentro de la misma, la materialización del golpe que provocó a la postre el fallecimiento del menor ocurrió fuera de sus instalaciones.
  • En razón de lo expresado, la legislación aplicable, para cuantificar la indemnización por el fallecimiento del menor, es el Código Penal del Fuero Común y no el Federal.
  • Al catalogarse el evento como competencia del Fuero Común, el monto indemnizatorio máximo contemplado en la legislación es de $443,498.88 (cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 88/100 M.N), incluyendo el pago del daño moral.
  • Si el evento hubiera reunido los elementos para ser considerado de competencia Federal, el monto de indemnización por el fallecimiento del menor, en términos de la legislación aplicable –en aquel entonces, 2016–, hubiera ascendido a la cantidad de $4,377,400.00 (cuatro millones trescientos setenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), ello sin incluir el daño moral.

Estos puntos se explican por sí mismos y llevan a deducir el monto que por concepto de indemnización recibieron los padres de Emilio… ¿Justo o injusto?, las opiniones pueden ser muy variadas, dependiendo de la óptica con que se analice el asunto, pero lo cierto y objetivo es que el pago fue justo y legal por así estar normado en la legislación.

Como este caso hay muchísimos más, a lo largo y ancho del territorio nacional, donde incluso las legislaciones del Fuero Común presentan enormes variaciones de una entidad a otra, ya que, en algunos casos, se tienen que hacer verdaderos cálculos actuariales para obtener el monto de las indemnizaciones. Por ejemplo, en el estado de Sonora, se prevé: “…la indemnización de orden patrimonial consistirá en el pago de una pensión mensual que se calculará en los siguientes términos: I. Si el daño origina la muerte de la víctima, la pensión mensual será equivalente al sueldo o utilidad que estaba percibiendo en el último año, conforme al promedio que resulte… II. Si no fuere posible determinar dicho sueldo o utilidad, éste se calculará por peritos tomando en cuenta las capacidades y aptitudes de la víctima en relación con su profesión, oficio, trabajo o índole de la actividad a que normalmente se había dedicado…”.

En consideración a lo expuesto, es más que evidente la necesidad de reformas legislativas tendientes a homologar a nivel nacional los criterios y bases sobre los que se establecen los montos indemnizatorios, ya que éstos no deben estar basados en fórmulas o recetas generales; sin embargo, existen múltiples impedimentos para que ello suceda, entre muchos otros, los de índole política.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a los lineamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –aun así hay que aplaudirle–, ha emitido diversos criterios, traducidos en jurisprudencias, tendientes a establecer las bases de las reparaciones integrales o justas indemnizaciones. Con esto, se pretende erradicar los topes o las tarifas, y en su lugar dar albedrío a los jueces que conozcan del caso, para que las cuantifiquen justa y equitativamente con base en criterios de razonabilidad, de manera que las reparaciones no impliquen ni enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores.

Este nuevo panorama se escucha hasta romántico, sin embargo, aún habrá que estudiar y explorar de qué herramientas o técnicas, conceptuales y vivenciales, se dotará a los impartidores de justicia, para que sus determinaciones efectivamente atiendan a las circunstancias concretas que rodeen el caso que estén analizando, y encuentren un equilibrio entre los conceptos –tan subjetivos– de empobrecimiento o enriquecimiento…, pero este tema ya será motivo de nuestra siguiente aportación a la revista.

Es importante señalar que estos criterios de la SCJN se han quedado cortos si tomamos en cuenta que el 6 de junio del 2011 se publicó la denominada Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Este documento reconoce los derechos humanos recogidos en la Constitución y en los tratados internaciones de los que México sea parte, así como garantiza su interpretación a la luz de dichos instrumentos y favorece la mayor protección a la persona, de igual forma, dispone que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

A ello, se le debe añadir que mediante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Expediente “varios” 912/2010 del 14 de julio del 2011, se dispuso, entre otros, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias y que su jurisprudencia es orientadora a nivel interno, por ende, todos los jueces mexicanos deben ejercer un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.

En vista de este escenario, resulta de relevancia mayúscula que se apliquen en México, de manera general, los estándares de reparación integral emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en la aplicación del control de convencionalidad como en la implementación de los fallos de la misma corte. Es decir, se debe incluir, en las resoluciones o sentencias, los conceptos regulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: resarcimiento del daño material (integrado por daño emergente, lucro cesante, daño al patrimonio familiar, y reintegro de costas y gastos) y del daño inmaterial (compuesto de esfera moral, psicológica, física, proyecto de vida y colectiva social).

Es importante mencionar que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado sí contempla la reparación del daño de esta forma.

Podemos afirmar que resulta relevante la debida articulación de los diversos mecanismos legales que facultan el otorgamiento de una reparación integral en los términos expuestos, sea por la vía penal o civil.

 

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