Responsabilidad Civil Y Hogar

Enfoques de Riesgo, responsabilidad penal en caso de sismo.

Lic. Jorge A. DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

Responsable del Área Penal de Dominio

y Administración de Litigios, S.C.

Hay fechas que nos marcan en la vida. El terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017 fue uno de los eventos naturales más destructivos para los mexicanos, que trajo dolorosas pérdidas humanas y la lamentable pérdida de muchos patrimonios, como casas, departamentos y negocios, pues, como sabemos, muchos nuevos edificios se vinieron abajo y se descubrió que no contaban con los requisitos necesarios para ser construidos y entregados a las familias.

¿Qué sucedió en nuestra maravillosa Ciudad de México? El gobierno comenzó a otorgar apoyos que no eran acordes a la verdadera pérdida sufrida con respecto al inmueble.

El ámbito asegurador, en esta ocasión, debe observar la situación desde dos enfoques.

El primero, desde la perspectiva de la persona que perdió su vivienda o negocio y que por alguna u otra razón no contaba con algún seguro que cubriera un evento como el terremoto en cuestión.

Por un lado, los seguros de habitación generalmente no cuentan con dicha cobertura y casi en su mayoría se realizan mediante un coaseguro o bajo cláusulas específicas para dichos eventos. Por otro, al no contar con la cultura de la protección, se puede pensar que contar con un seguro para nuestro patrimonio es costoso, pero si realizamos un análisis de costo-beneficio resulta altamente recomendable —y no se diga menos de la importancia de contar con un seguro de vida, aunque en esta ocasión nos estamos enfocando en los inmuebles—.

En un segundo enfoque están las empresas, mejor denominadas como personas morales, que sin ser entes tangibles cuentan con personalidad jurídica. Muchas de ellas afirmaban que no se les podía fincar una responsabilidad de carácter penal al incurrir en una indebida ejecución de la construcción de los inmuebles, ya sea por haber infringido la normativa o por el empleo de material de baja calidad a pesar de conocer el daño que ocasiona el uso de éste.

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Antes, en materia penal, siempre se indicaba que los responsables sólo podían ser las personas físicas, en este caso las personas que construyen, llámense ingenieros, arquitectos, responsables de obra, etcétera, por lo que se solía afirmar: “No hay problema, no hay manera de meter a la cárcel a la empresa”. Ahora, con los cambios y reformas que ha experimentado nuestro Sistema Penal, hoy en día no es del todo correcta dicha frase. Si bien es cierto que no hay forma de privar de la libertad a una empresa, dentro de una carpeta de investigación se puede fincar responsabilidad a la persona moral, tal como lo señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que establece en su artículo 421, en términos generales, que: “Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización”.

Entonces, para que la persona jurídica pueda ser responsable penalmente de los delitos cometidos es necesario que se presenten las siguientes situaciones o requisitos:

Que el delito sea cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios proporcionados por ella. Esto significa que, aunque el delito no se cometa a su nombre o por su cuenta, bastará con que el beneficio obtenido sea para ella o se usen para cometer el delito los medios propios de la entidad jurídica.

Que se haya determinado que existió inobservancia del debido control en su organización. Es decir, que el delito se llevó a cabo por no existir en la entidad el control interno o las políticas adecuadas para evitarlo, o bien, que, aun existiendo dicho control o políticas, no hubo la vigilancia o supervisión adecuada para cumplir con ello y así evitar que la empresa o entidad jurídica en general pueda ser usada para cometer algún delito.

Para la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica de que se trate no es requisito alguno que la conducta tipificada como delito sea llevada a cabo por los representantes legales, administradores, socios o accionistas de la persona jurídica, por lo que el delito puede ser cometido por cualquier agente, sea empleado de la entidad o no, sea que actúe en representación de la persona jurídica o no, independientemente del nombre o cargo que desempeñe, ya que para imputar la responsabilidad penal a la entidad bastará que el delito se cometa a través de los medios proporcionados por la misma, es decir, usando los medios de que se vale la persona jurídica para llevar a cabo sus actividades.

Lo anterior no implica que los representantes o cualquier trabajador queden exentos de su actuar ilícito.

Los casos que pueden servir como un precedente para entender la seriedad del impacto regulatorio serían los escándalos enfrentados por empresas multinacionales conocidas, en las que sus empleados llevaron a cabo, con o sin conocimiento de la alta dirección, actos que en su momento fueron objeto de investigaciones administrativas y judiciales y que, en algunos casos, ocasionaron sanciones para la entidad, como suspensión de actividades, prohibiciones y hasta la disolución de la misma.

Por lo anterior, podemos concluir que para las personas físicas es altamente recomendable contar con un seguro de casa habitación para eventos fortuitos y naturales, como los terremotos, y con un seguro de vida para no dejar en desamparo a los seres queridos; mientras que para las personas morales es vital contar con un seguro que les brinde asistencia jurídica para no dejar de lado los riesgos y las consecuencias que implica su actuar, puesto que en la actualidad se les puede fincar responsabilidad penal, lo cual afectaría el prestigio de la empresa y en el peor de los casos provocaría su disolución.

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