Vida & Retiro

¿Cómo debe ajustarse la pensión?, ¿en UMAS o salarios mínimos? 2da parte

Iván Manuel Navarro Morales/ Twitter@NMIM4218

Estimado lector, en este mes de febrero de 2021, tal y como ya lo había anticipado en el artículo anterior (si acaso te lo perdiste te invito a leer la nota pasada) anuncié que las pensiones otorgadas al amparo de la Ley del Seguro Social IMSS 1973 para este 2021, incrementarían solo un 3.1% en promedio, ya que de forma ilegal y absurda han estado incrementándose cada año (desde el 2016) conforme a la UMA y/o INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) y no conforme lo establece la misma legislación.

Acoté que el artículo 172 de la multicitada ley abrogada del IMSS prevé muy claro que las pensiones por cesantía, vejez e invalidez se deben actualizar cada año en la misma proporción que el salario mínimo incremente para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Es decir, que en este año 2021, las pensiones del Seguro Social, en términos estrictos, debieron subir un 15% cuando menos. Sin embargo, como ya es muy bien conocido, en nuestro país lamentablemente la ley no se aplica al pie de la letra y más cuando se trata de proteger a los más vulnerables de la sociedad, como lo son nuestros pensionados.

Lo anterior es así porque si analizamos a conciencia nuestra legislación laboral y de seguridad social, tenemos que en primer término la Ley del IMSS define claramente que las pensiones otorgadas deberán incrementarse en la misma proporción que suba el salario mínimo, esto con independencia que el año de 2016 se emitió el decreto de la indexación del salario mínimo, mismo que prevé que como nueva base para la cuantificación de pagos y obligaciones fiscales sea la UMA y ya no el salario mínimo, ojo, lo anterior solo con la finalidad de cuantificar pagos fiscales y créditos, jamás para pagar derechos laborales, o  bien con independencia de que en el año de 2001 también se haya decretado que la actualización del monto de pensión sería conforme al INPC.

Ambos decretos tenían como finalidad beneficiar a los pensionados y los asalariados, al menos esa era la idea en sus exposiciones de motivos. Pero jamás de agraviar los derechos adquiridos de los derechohabientes.

Usar la UMA y/o su homologo INPC representa una violación grave a los derechos de los pensionados, en primer término porque la ley no debe ser retroactiva en perjuicio de persona alguna (art. 14 Constitucional) y estas medidas atentan contra dicho principio constitucional, en razón que cuando una persona se amparó en el régimen de pensiones de 1973, se ampara con todo y sus beneficios.

A la fecha en que la mayoría de los hoy pensionados por Ley 1973 comenzaron a cotizar al IMSS, la legislación laboral los amparaba para que sus pensiones se pagaran conforme a salarios mínimos (en ese entonces la UMA y el INPC no existían) y no fue hasta los años de 2001 y 2016 que estas nuevas medidas fueron publicadas y por lo tanto causan un efecto retroactivo, ya que dichos decretos merman en gran medida las pensiones, y sus actualizaciones, pero sobre todo vienen a agraviar un derecho ya adquirido anteriormente.

El agravio es tan evidente como cuando a una persona que cotizó en el régimen de pensiones IMSS 1973 y que tiene derecho a ampararse en ese régimen, le impusieran por medio de un decreto el nuevo sistema de pensiones 1997.

También la constitución política mexicana prevé muy claramente en el artículo 1, segundo párrafo, el principio de prevalencia “pro-persona” (principio derivado de la reforma constitucional relativa a derechos humanos) que cuando se trate de analizar el contenido y alcance de derechos (siguiendo el principio “pro-persona”) de un ciudadano, y cuando de esta existan varias alternativas interpretativas, se debe optar siempre por aquella que reconozca mayor derecho, o bien, aquella que los restrinja en la menor medida, ya que entrando en la interpretación de las leyes, siempre deberá ser para el gobernado (en este caso para los pensionados) la opción interpretativa que genere mayor o mejor protección a los derechos.

Justo en estos días estamos ante una situación de hecho y de derecho, ya que existen dos normas que prevén y regulan un mismo derecho (la actualización y pago de las pensiones del seguro social), una restringe un derecho adquirido y la otra prevé la máxima protección para el gobernado; y solamente estará en las manos de los jueces de distrito, tribunales colegiados y quedará finalmente en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el definir qué sucederá en definitiva con estos derechos contemplados.

Lo cierto es que hasta ahora ya existen tesis que van en contra del derecho de los pensionados, pero la batalla en los tribunales apenas comienza y aún no esta nada definido. Los juicios de amparo y las demandas vía judicial hasta ahora son la única alternativa para poder solicitar estos incrementos. Estos nuevos litigios me recuerdan en gran medida cuando me tocó litigar la nulidad y no aplicación del artículo 8º transitorio de la ley del INFONAVIT que hace más de una década les negaba a los pensionistas su derecho de reclamar el saldo de la subcuenta de vivienda cuando resultaban pensionados.

Además las UMAS no solo afectan las actualizaciones de cuantía de  los pensionados, también están afectando significativamente el ingreso de aquellos derechohabientes que por Ley no deben de recibir un monto de pensión inferior al salario mínimo, tema que abordaremos en la próxima edición.    

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