Seguros

La carga de la prueba en el seguro de daños

Carlos Zamudio Sosa / México Claims and Risk Management, S.C. / czamudio@mexicoclaims.com

El asegurado tiene una premisa: el seguro cumplirá y su promesa duerme en cada póliza. Sin embargo, como en el cuento de La Cenicienta, el príncipe debe vencer algunas adversidades (formalidades) antes de hacer efectivo el contrato, por lo que necesita portar la espada ideal (conjunto de pruebas) que le ayude a alcanzar su objetivo.

La redacción de un contrato de cualquier naturaleza debe tener la mayor claridad posible, para que sus efectos se materialicen sin conflictos. Los contratos de seguro deberían ser tan sencillos que cualquier proceso de reclamación resultase simple y equitativo en sus obligaciones. Sin embargo, en la realidad se presentan asimetrías y dificultades.

Pensemos, por ejemplo, en qué significa que “la empresa aseguradora tenga el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de ‘informaciones’ sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo”.

Resulta lógico que se exija al reclamante la acreditación de las pérdidas con “informaciones” sobre cómo ocurrieron los acontecimientos y cuáles fueron las consecuencias en los intereses asegurados. Es claro que al usuario le interesa acreditar las afectaciones con pruebas suficientes para conseguir su pago, pero existe un problema: la necesidad de satisfacer a la compañía de seguros. La satisfacción siempre está sometida a la interpretación y el escrutinio de las personas. Aunque los ajustadores y los demás peritos son muy capaces, es complejo anticipar hasta cuándo cada uno de ellos considerará que el reclamante ha cumplido con el planteamiento subjetivo.

Esta subjetividad genera conflictos y da lugar a prácticas abusivas, como solicitar que, ante los peritos de la aseguradora, se ratifiquen las declaraciones que los testigos brindaron ante la autoridad competente o cómo someter la decisión de indemnizar los daños en bienes propios al resultado ministerial de la causa originaria (por ejemplo, en caso de incendio) cuando el asegurado debe informar los hechos y entregar los documentos autentificados de la carpeta de investigación, pero no quedar sujeto a la determinación de una culpa propia o de terceros.

El asunto es un poco más complejo cuando se trata de probar “las consecuencias” económicas del siniestro. Si aceptamos que el asegurado no es perito y las cargas que se le imponen son costosas y complejas, observaremos que tales requerimientos se tornan muy asimétricos y que la aseguradora tiene ventaja. En lugar de disponer peticiones de igualdad o reciprocidad —por ejemplo, que especialistas de ambas partes certifiquen de manera simultánea los daños—, se considera una condición inamovible que quien reclama sustente las pérdidas para que se ajuste en consecuencia y el asegurador decida si la información le satisface o no.

Si los extremos del reclamo no resultan “satisfactorios” para la compañía, se vuelve casi imposible iniciar un proceso conciliatorio, pues ella nunca estará a favor del reclamante. No es inusual que la aseguradora cometa excesos, como valuar rehabilitaciones complejas bajo precios ajenos al lugar del siniestro o bajo principios inadecuados de rendimiento y costos unitarios, pues tiende a considerar que una rehabilitación es una obra nueva.

Los casos de éxito en reclamos complejos y sobre todo en los catastróficos son aquellos donde el asegurado se anticipa a los obstáculos y se prepara para resistir las excesivas peticiones de cumplimiento, que generalmente son imprecisas. No es inusual que el exceso se entienda como un atentado contra el derecho del consumidor de seguros.

Probar los extremos de un reclamo implica superar la subjetividad de satisfacer al perito calificador. Esto se aleja de la condición de igualdad que espera el reclamante, lo que en ocasiones se traduce en la desestimación de los elementos de prueba.

No es inusual que la compañía no encuentre satisfactorio que el asegurado acredite las pérdidas con elementos diferentes a las notas de compra‑venta o remisión, las facturas, los certificados de avalúo u otros documentos administrativos, pues le suele exigir el confidencial know how. Con velada amenaza, la aseguradora suele señalar que, si el reclamante no acredita las pérdidas de la forma requerida y le niega, por ejemplo, las declaraciones fiscales, considerará la actividad como reportable. Esto constituye una especie de terrorismo legal.

Por supuesto que la aseguradora tiene derecho a exigir elementos de prueba satisfactorios e idóneos, para que no haya duda y el beneficiario cobre de forma expedita su reclamación. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que el perito de la aseguradora sea el único medio para dar validez a un requerimiento, pues debería bastar que el asegurado acredite tanto la propiedad, preexistencia y falta de lo reclamado como los elementos expresamente enunciados en la póliza.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s