M. en D. Karla Nieto / nieto.karla@hotmail.com
En el dinámico mundo de las fian- zas, los agentes desempeñan un papel esencial como intermediarios entre instituciones, beneficiarios y fiados. La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), el Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas, y la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), establecen que sus funciones van más allá de vender una póliza. Su misión es brindar una asesoría integral que facilite al cliente entender y selec- cionar las opciones de garantía que se adapten a sus necesidades.
Deben tener presente lo estipulado en los capítulos 32.1 y 32.12 de la CUSF, pues el título 32 regula las obligaciones y orientaciones aplicables a los agentes de seguros y de fianzas, así como a los apoderados de agente persona moral para asegurar que la intermediación se realice con ética, profesionalismo, transparencia, responsabilidad y apego riguroso a la legislación, para proteger los derechos de los usuarios y los intereses de las instituciones.
Están obligados a cumplir con la LISF, el Reglamento de Agentes y las normativas complementarias, mantener el secreto profesional y salvaguardar información, datos y circunstancias del ejercicio de su actividad. Esta información no podrá usarse para beneficio propio, de terceros u otras instituciones, ni podrá divulgarse sin autorización expresa o requerimiento legal.
Su conducta debe fundarse en el respeto, la cortesía, la equidad y la competencia leal. Está prohibido emitir comentarios que desprestigien a sus colegas o pongan en duda su capacidad profesional con el fin de obtener comisiones. Deben actuar siempre con prontitud, buena fe, responsabilidad, actualizar sus conocimientos y promover los beneficios de la fianza entre la sociedad.
No pueden delegar en personas no autorizadas actividades como comercialización, asesoría, celebración, modificación, renovación o cancelación de contratos, ni el cobro de primas. Nadie más puede utilizar su nombre o cédula para realizar intermediación. Pueden prestar servicios a una o varias instituciones, respetando la libertad del cliente para decidir si contrata, qué producto elige y con qué intermediario trabaja.
En el proceso de venta, deben identificarse claramente, informar sobre el tipo y alcance de su autorización y señalar las instituciones con las que colaboran. Son responsables de proporcionar información clara, precisa y objetiva sobre primas, coberturas, vigencias, derechos, obligaciones, riesgos y beneficios, para facilitar comparaciones entre productos para una elección informada.
En cuanto al pago de primas, deben entregar al fiado el recibo oficial emitido por la institución para que cubra el monto correspondiente.
Después de la contratación, deben seguir de cerca cualquier cambio en el perfil de riesgo del usuario, informar sobre modificaciones en la póliza y asesorar en reclamaciones o quejas.
Proporcionar información verdadera y completa sobre riesgos y datos del contratante, mantener una relación profesional con las instituciones y entregar la documentación correspondiente al terminar su relación con ellas.
Deben identificarse ante el público con su cédula vigente y ofrecer asesoría objetiva, veraz y leal, priorizando los intereses del usuario. No pueden ofrecer coberturas o garantías inexistentes o innecesarias, deben respetar las tarifas, pólizas, endosos y condiciones autorizadas, y entregar oportunamente la documentación contractual. Finalmente, deben informar quiénes son, con qué instituciones trabajan, qué servicios prestan, sus datos de autorización, posibles sanciones y la existencia de un seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones. En caso de cesar sus actividades, deben avisar a los usuarios y asegurar la continuidad en la atención adecuada y oportuna.
Conclusión
El papel del intermediario es fundamental para el funcionamiento del sistema de garantías en México. Su asesoría no solo debe ser al inicio de la relación, sino durante todo el ciclo de la fianza hasta su debida cancelación.
Su actuación ética, profesional y transparente no solo protege los intereses de las instituciones y usuarios, también fortalece la confianza en el sector. Brindar asesoría integral y responsable, contribuye a que los procesos de fianzas sean claros y eficientes, impulsando una mayor seguridad jurídica y respaldo para los involucrados.
