Fianzas

Covid-19 y fuerza mayor:

Excepciones en el cumplimiento de obligaciones

Saturnino Castillo / México Claims and Risk Management, S.C. / scastillo@mexicoclaims.com

Debido a la llegada de la pandemia de covid-19 a nuestro país y su propagación por todo el territorio nacional, estamos viviendo condiciones inéditas y extraordinarias que no anticipamos ni acostumbramos, como la cuarentena y el cierre o la paralización de un sinfín de establecimientos comerciales que por su giro fueron considerados como no esenciales por el gobierno federal, según lo establecido en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 30 y 31 de marzo de 2020.

El sector afianzador y no pocos especialistas asumen que caerá una cascada de controversias jurídicas originada por el incumplimiento de las obligaciones que fueron asumidas entre los particulares, como consecuencia de las medidas preventivas impuestas para evitar el riesgo de contagio masivo. Se piensa que las fianzas administrativas serán las que generarán un mayor desembolso, ya que este tipo de contratos es el más numeroso y el que probablemente presentará más actualizaciones de obligaciones a indemnizar.

Aunque quizá tengan razón quienes se están adelantando a la problemática que se avecina, dado que por regla general las partes deben cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos que hayan celebrado, se debe recordar que, de acuerdo con los principios fundamentales del derecho, existen condiciones extraordinarias que perdonan el incumplimiento de esos compromisos. Me refiero al caso fortuito o la fuerza mayor, cuyo principio es muy claro: “A lo imposible nadie está obligado”.

Es necesario aclarar que fueron las autoridades quienes tomaron la decisión de paralizar de forma generalizada varios giros productivos y que estos actos restrictivos, no la voluntad de alguna de las partes, son los que causan perjuicio a los particulares. Sin embargo, las instituciones de fianzas no estarán exentas de tener problemas o reclamos relacionados con las pólizas afectadas por las decisiones de las autoridades, por lo que aumentará la cantidad ordinaria de casos a atender como consecuencia de los incumplimientos en los que hayan caído sus fiados.

Por ello, es de suma importancia que el beneficiario (el contratante de la fianza) considere, antes de acusar de incumplimiento al fiado (el contratista), si el giro de este es considerado esencial o, de lo contrario, si tiene la autorización para integrarse paulatinamente o de lleno a sus respectivas actividades y cadenas productivas, según los decretos publicados hasta ese momento por el gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación. De este análisis dependerá la exigibilidad de la póliza.

En otras palabras, si la actividad del contratista (fiado) es considerada como no esencial, tiene la obligación, por decreto gubernamental, de cerrar sus instalaciones y paralizar su operación. Ante esa paralización, dicho fiado se encuentra impedido legalmente para cumplir con la obligación que asumió con el contratante, lo que da lugar a una excepción al cumplimiento de las obligaciones: la fuerza mayor.

En este supuesto, en caso de que se presente una reclamación con cargo a una fianza, derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas, el fiado se encuentra perfectamente legitimado para hacer valer ante la institución afianzadora la excepción de fuerza mayor, que en este caso sería el covid-19. Una vez que el acusado ha demostrado al garante que, en la fecha en que se tenía que cumplir con la obligación, sus instalaciones se encontraban cerradas y su operación paralizada por decreto gubernamental, resulta improcedente el reclamo presentado.

Si, por el contrario, la actividad del fiado es considerada como esencial, entonces se encontraba obligado a dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, dado que las medidas de restricción no son aplicables a su giro y su operación no tuvo perjuicio.

Para evitar un reclamo innecesario, se propone que tanto beneficiario como fiado, en caso de incumplimiento, por fuerza mayor, de obligaciones asumidas, busquen conciliar un arreglo y solucionar en forma pacífica la problemática derivada de la declaratoria de emergencia sanitaria. Este acuerdo se puede dar a través de la elaboración de un convenio modificatorio, con el conocimiento y la intervención de la institución garante, ya que esta debe avalar y garantizar los cambios realizados en la obligación original.

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