Fianzas

¿Estamos preparados para la nueva normalidad?

Saturnino Castillo / México Claims and Risk Management, S.C. / scastillo@mexicoclaims.com

La llegada de la pandemia a nuestro país nos obligó a aceptar una realidad que no queríamos admitir: somos una sociedad sumamente vulnerable. Esta condición no solo afecta al sector salud, sino también a prácticamente todos los ámbitos económicos y sociales de la interacción humana, entre los cuales se encuentra el sistema de impartición de justicia, es decir, el Poder Judicial a nivel federal y estatal.

A partir de los primeros casos de covid-19 en México, las autoridades sanitarias federales tomaron la decisión de suspender toda actividad que no fuera esencial. Esto quedó asentado en los decretos del 30 y el 31 de marzo de 2020, que se apoyan en la figura jurídica denominada “Fuerza Mayor”, y fue avalado tanto por nuestra máxima autoridad jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por el Poder Judicial de cada estado. La interrupción de actividades sigue activa en varias partes de la república mexicana, aunque en ciertas ciudades y lugares se ha comenzado a alzar gradualmente, conforme lo permite el Semáforo de Riesgo Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Ahora es necesario voltear hacia nuestro sistema de impartición de justicia para saber si se encuentra o no capacitado para hacer frente a la nueva normalidad. El reto es mayor en las entidades federativas que continúan con los juicios tradicionales, es decir, presenciales. En estos lugares, no se ha preparado debidamente la infraestructura para dar atención segura y adecuada a los usuarios. Así pues, ¿alguien puede afirmar que el Poder Judicial de cada estado se encuentra listo y dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para atender a los usuarios en el cúmulo de juicios que se avecinan?

En colaboraciones anteriores, se ha advertido que se aproxima una cascada de demandas originadas por el incumplimiento de obligaciones, como consecuencia de las medidas impuestas por las autoridades del sector salud.

Los demandantes tienen razón al presentar sus requerimientos y activar los procesos para dirimir las controversias, dado que, por regla general, las partes deben cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos que celebraron. Sin embargo, en materia de fianzas, las instituciones afianzadoras, por disposición de su propio ordenamiento legal, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, tienen la facultad de resolver las reclamaciones que les formulan, de manera que se convierten en juez y parte.

Por tanto, los entes garantes se encuentran preparados para recibir las reclamaciones formuladas con cargo a las pólizas de fianzas que expidieron. Ellos cuentan con la debida infraestructura para cumplir con los tiempos que marca su legislación, y con el personal humano capacitado para atender a los usuarios en la nueva normalidad. Sin embargo, existe un problema.

Al recibir una gran cantidad de reclamaciones por los incumplimientos derivados de la suspensión de labores por covid-19, no por voluntad del fiado, y rechazar las exigencias por falta de fundamento, es muy probable que las instituciones fiadoras deban enfrentar procesos judiciales relacionados con los casos que previamente tuvieron el derecho y privilegio de resolver.

Una vez más se ha confirmado que no estábamos preparados para afrontar una situación como la que nos aqueja. La pandemia ha demostrado nuestra vulnerabilidad, pero también se ha convertido en la oportunidad para preparar nuevas rutas de acción.

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