Fianzas

¿En seguros y fianzas a qué legislación debo acudir?

Saturnino Castillo / México Claims and Risk Management, S.C. / scastillo@mexicoclaims.com

Quienes estamos familiarizados con las fianzas y los seguros sabemos que el 4 de abril de 2015 entró en vigor la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), pero esta información todavía no la tiene la mayoría de las personas que consumen o adquieren uno de estos productos. Por ello es vital transmitir a todo consumidor de fianzas o seguros el conocimiento de la existencia de este ordenamiento que sustituye a los anteriores y rige los contratos que celebren o hayan celebrado desde entonces.

La LISF derogó tanto la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros como la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y fusionó en su cuerpo los asuntos de ambas. Como hoy todavía existen dudas sobre qué legislación se debe aplicar al actualizar una de las hipótesis de reclamo previstas en las pólizas, es menester aclarar que la efectividad de las fianzas o los seguros expedidos bajo el amparo de la legislación anterior, ya derogada, se ha materializado dentro de la vigencia de la nueva ley. Por tanto, la ordenanza que regula el procedimiento de reclamación de la póliza correspondiente es solamente el ordenamiento legal vigente a la fecha en que se materializa su actualización, tal y como quedó precisado en los artículos transitorios de la LISF.

Es necesario que el beneficiario de la póliza sepa a qué ley debe acudir al momento de hacerla efectiva, para evitar con ello incertidumbre en su reclamo y un posible rechazo. Hoy en día, insisto, el estatuto aplicable es solamente la LISF.

Existe un principio de derecho que dice: “El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”. Por ello, la necesidad de que los intervinientes en un contrato de seguro o fianza conozcan la legislación que regula los acuerdos que han celebrado. Todos los asuntos tramitados a partir de la entrada en vigor de la LISF deben regirse por esta, y también aquellos que se tramitaron durante la vigencia de las abrogadas Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Ley Federal de Instituciones de Fianzas, puesto que existe un artículo transitorio que así lo establece expresamente.

La explicación aquí ofrecida se robustece con una tesis que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2021732, publicada el 6 de marzo de 2020. Este criterio deja asentado, en forma clara y precisa, que la legislación aplicable en el supuesto de una reclamación de una fianza o de un seguro, a partir del día 4 de abril de 2015, es la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

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