Vida & Retiro

¿Por qué el IMSS paga pensiones inferiores al salario mínimo?

Estimado lector, en ediciones pasadas abordamos cómo la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afecta la actualización anual de las pensiones del IMSS, pues el pago mensual establecido para 2021 solo registró un incremento del 3.1% con respecto al año anterior, cuando en realidad debió presentar un ajuste del 15%. Dicho criterio es ilegal y violatorio de los principios que rigen la seguridad social en México, ya que el artículo 172 de la Ley del Seguro Social del 12 de marzo de 1973 prevé que la cuantía de pensión debe incrementarse en la misma proporción en que suba el salario mínimo para la Ciudad de México, disposición legal que desde luego no se ha cumplido.

A través de las organizaciones sindicales afiliadas a la central obrera a la cual pertenezco (FAO), hemos hallado que, debido a las UMA y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en diversos estados hay personas que reciben apenas 2800 pesos mensuales por concepto de pensión de cesantía, vejez, invalidez o viudez. Esta situación también se presenta en la Ciudad de México.

Dichos ingresos mensuales son ilegales y desde luego violatorios de los derechos y las conquistas laborales, sobre todo si consideramos que quienes los reciben conforman un sector altamente vulnerable de la población: gente de edad avanzada que suele padecer diversas enfermedades cronicodegenerativas; personas inválidas que no pueden procurarse un salario, y cónyuges supervivientes o familiares que dependían económicamente de quienes fallecieron y cotizaban en el régimen del IMSS.

El artículo 168 de la Ley del Seguro Social de 1973 prevé muy claramente que ningún pensionado por cesantía, vejez, invalidez o viudez puede recibir un ingreso inferior a un salario mínimo para la Ciudad de México. Por tanto, la cuantía básica de las pensiones debería ser de 4321.85 pesos y, en caso de cesantía o vejez, la cantidad aumentaría cierto porcentaje por asignación familiar. Sin embargo, en muchos casos, los pensionados no reciben ni siquiera el ingreso básico.

La cantidad fijada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como la compensación mínima que debe tener cualquier trabajador en activo en su carácter de jefe de familia debería ser el salario básico o elemental para la manutención de las familias asalariadas mexicanas, pero la realidad es distinta. Si te preguntas cómo es que hay trabajadores pensionados con más de 40 años de servicio que reciben en promedio 3000 pesos mensuales, cantidad muy inferior al salario mínimo, la respuesta se encuentra en la UMA y el INPC.

El problema de los precarios ingresos de los pensionados se debe a que, desde 2016, el IMSS ha ajustado los incrementos anuales de las pensiones de acuerdo con el INPC o la UMA, no conforme al salario mínimo. Esto no debería ser así, porque el incremento de la UMA es inferior al salario mínimo, así que al ajustarse de acuerdo con ese valor la pensión va disminuyendo.

Por fortuna, ya existe un criterio jurisprudencial que obliga al IMSS a ajustar el pago mensual de estos pensionados a cuando menos un salario mínimo, ya que es evidente la violación a los principios rectores de la seguridad social y la ley prevé que el ingreso por concepto de pensión no puede ser inferior, bajo ninguna circunstancia, al importe de un salario mínimo.

El IMSS ha omitido de forma estricta el artículo 168 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, que establece que la pensión de cesantía, retiro e invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales correspondientes, no debe ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Por tanto, si una pensión mensual por concepto de retiro, vida o invalidez refleja menos de la cantidad establecida, la misma es ilegal. Además, una pensión que no respeta la disposición prevista por la ley va en contra de diversos tratados internacionales que el gobierno mexicano se comprometió a observar, como los que velan por la protección de las personas mayores, quienes constituyen un grupo vulnerable y merecen un ingreso digno.

Sin embargo, estas disposiciones solo son accesibles mediante litigio. Este es el mayor problema, porque los juicios son largos, a pesar de la reciente reforma laboral, e implican costos que los sectores vulnerables, en la mayoría de los casos, no pueden pagar, de tal forma que la falta de medios impide el acceso a una justicia pronta y expedita.

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