Sector Asegurador

Actualización mayor necesaria de la Ley sobre el Contrato de Seguros

Entrevistamos a Aldo Ocampo, socio director de Ocampo 1890, para que nos hablara de los antecedentes de la Ley sobre el Contrato de Seguros (LCS) y los puntos que se tendrían que revisar teniendo en cuenta el panorama actual.

¿Cuáles son los antecedentes de la LCS y qué piensas de ella?

La LCS data de 1938 y nació como una escisión del Código de Comercio de México, vigente desde 1890, que en el artículo 75 menciona la operación de seguros. La legislación tiene distintas fuentes, entre las que se encuentra la costumbre, y se debe adaptar a las necesidades de la sociedad en un momento determinado. Sin embargo, los cambios que se han realizado en la LCS han sido pocos y menores, así que es anacrónica y debe ser actualizada para que responda a las problemáticas actuales del mercado asegurador.

¿Qué actualizaciones se han dado en la LCS?

Voy a mencionar las dos más recientes y relevantes. En 2013 se publicó la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), lo que provocó que se reformara la LCS mediante la introducción de algunos artículos y la figura del seguro de caución. Tres años antes, en 2010, también se presentaron cambios importantes al prolongarse de dos a cinco años la prescripción del seguro de vida. A pesar de estas actualizaciones, la legislación es arcaica y requiere un cambio radical para atender las presentes necesidades.

¿Qué transformaciones debe presentar la LCS para cumplir con este objetivo?

El contrato de seguro es el único que tiene su propia ley, pero los criterios para interpretar dicha legislación parten de la LISF y no de la LCS. Esto constituye un síntoma inequívoco de que esta última requiere una revisión profunda.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito han emitido una serie de criterios sobre cómo debe interpretarse el contrato de seguro. En la década pasada se creó la mayor cantidad de estos antecedentes con la intención de favorecer los intereses del asegurado. Sin embargo, todavía no se ha analizado por completo las obligaciones de los participantes del mercado asegurador. Por ejemplo, hace unos años se presentó una controversia porque una institución bancaria no se cercioró de que el usuario recibiera las condiciones generales del seguro relacionado con un crédito hipotecario que adquirió con ella, lo que dio lugar a un criterio sobre cómo se debe entregar las condiciones generales. A partir de la omisión del banco, el agente y la aseguradora, se resolvió que esta última es la que debe dar la documentación correspondiente.

Además, considero que la LCS debe reconocer los seguros diferenciados. Existen diferentes tipos de pólizas, cuyos objetivos, características y orígenes son distintos. Por tanto, es incorrecto interpretar de la misma manera aquellos productos comercializados bajo las condiciones impuestas por los usuarios, como las pólizas adquiridas por el Estado, o propuestas por el reasegurador, aquellos intermediados por un experto (agente) y aquellos vendidos en masa. Algo que actualmente sucede.

La LCS tampoco se ha actualizado en relación con la venta electrónica de los productos. Por ejemplo, se recurre a leyes complementarias para establecer cómo debe entregarse la documentación contractual y, a pesar de que la tecnología permite celebrar contratos con datos biométricos, se exige la firma autógrafa del usuario en algunas coberturas.

Por si esto fuera poco, la LCS no recoge los elementos que conforman el contrato de seguro. El usuario común, por desconocimiento, se pierde entre la carátula de la póliza, las condiciones generales y particulares, los endosos, las cláusulas adicionales y los múltiples manuales.

¿Quieres agregar algún comentario final?

El cuerpo legislativo actual es un frankenstein que se ha vuelto en contra de los asegurados, las compañías y las autoridades. Por ello es importante que se actualicen los aspectos sustanciales señalados. Como se trata de una ley, debe pasar por un proceso legislativo detonado por una iniciativa de reforma que debe ser discutida.

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