Fianzas

La afianzadora como parte del contrato

Saturnino Castillo / México Claims and Risk Management S.C. / scastillo@mexicoclaims.com

Entre las figuras extintivas de las obligaciones afianzadas se encuentra la prevista en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, es decir, la prórroga o espera, que es muy común en el sector afianzador. Este artículo establece de forma precisa que la fianza se extingue si el acreedor concede al deudor una prórroga o espera sin el consentimiento de la institución afianzadora.

La obligación de solicitar la autorización de la afianzadora para modificar el plazo de la obligación principal ha sido avalada por nuestros tribunales federales en materia administrativa, mediante una tesis aislada, cuyo criterio constituye un precedente que beneficia a las instituciones garantes y quizá les parezca excesivo a las otras partes. Así pues, toda modificación o alteración al contrato garantizado debe ser autorizado o avalado por el afianzador, pues mediante esta resolución se concede que este forma parte del acuerdo de voluntades.

La tesis que se comenta se identifica con el registro 2022637 de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y dice:

Fianzas otorgadas para garantizar el cumplimiento de un contrato de obra pública. Debe recabarse el consentimiento de la afianzadora sobre la modificación de la fecha de inicio de aquella, cuando la obligación principal se sujetó a un plazo de ejecución determinado.

Cuando en un contrato de obra pública se pactan fechas de inicio y conclusión de esta, sobre lo cual se expidió una póliza de fianza, ello implica que la afianzadora se sujetó a la modalidad obligacional del plazo de ejecución descrito, pues constituye el tiempo de duración de la obligación principal. En consecuencia, la modificación de la fecha de inicio de la obra constituye una alteración de la modalidad del vínculo obligacional por estar referida a la validez de la obligación y, por tanto, es necesario recabar el consentimiento de la afianzadora al respecto. Lo anterior, porque el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicado por analogía, al establecer que la prórroga o espera concedida por el acreedor al deudor principal, sin consentimiento de la afianzadora, extingue la fianza, prevé una regla categórica –no admite objeción o discusión– e imperativa –exigencia inexcusable–, relacionada con el vínculo obligacional, porque esta es una persona distinta de los contratantes, en cuya relación contractual participa en calidad de garante; de ahí que debe notificársele la modificación para que decida si la acepta o, en su caso, propone la cancelación de la póliza de fianza o sugiere la generación de otra, con la finalidad de hacerla acorde con las nuevas condiciones pactadas, ya que de lo contrario se vincularía a la afianzadora con una obligación sobre la cual no expresó su consentimiento.

Aunque esta tesis se derivó de un contrato de obra pública, el criterio se puede aplicar a contratos de obra privada o adquisición de bienes y servicios. Por ello, es necesario asentar que el aspecto medular de este es la participación que se debe dar a las instituciones de fianzas en todas aquellas modificaciones que las otras partes pretendan realizar en los contratos principales que se encuentran afianzados.

Esta figura de extinción de fianzas (prórroga o espera) es más común de lo que se piensa, dado que el acreedor y el deudor o el contratante y el contratista no suelen ver como parte del contrato a la empresa moral que se encuentra afianzando o garantizando las obligaciones asumidas originariamente por ellos. Este error lleva a celebrar actos modificatorios sin tomar en consideración la opinión del afianzador, lo que atenta contra los intereses de este, puesto que implica cambiar las obligaciones que él aceptó garantizar. Esta omisión podría ser la causa principal de un rechazo en el futuro. Por tanto, la participación de la institución afianzadora en las modificaciones que se pretendan realizar al contrato es de suma importancia, dado el interés legítimo que esta tiene en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

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