Ajustes, Daños e Indemnizaciones

Impacto del terremoto del 19 de septiembre de 2017, ¿ya hemos aprendido la lección?

Israel Trujillo Bravo / Twitter @DrTrujilloBravo

Todos recordamos la caída de múltiples edificios en la Ciudad de México, provocada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Este acontecimiento despertó la unión de la sociedad civil con el único objetivo de ayudar, rescatar y salvar vidas, lo cual se reflejó en voluntarios que contribuyeron a las labores de rescate y en cadenas humanas que se dedicaron a trasladar víveres o realizar otras tareas de igual importancia. Los recuerdos de este evento nos generan impotencia y tristeza, pero también orgullo y empatía. Ese día la respuesta de la sociedad civil fue ágil, solidaria y desinteresada, pero ¿ya hemos aprendido la lección?

El terremoto generó cambios inmediatos, pues se comenzó a reforzar los simulacros y la capacitación de los ciudadanos para responder a este tipo de siniestros. Acontecimientos como los de 2017 despiertan la conciencia de los ciudadanos, sobre todo en relación con la importancia de adquirir un seguro de daños que cubra las consecuencias económicas de la materialización de los riesgos a los que están expuestos los inmuebles. Por desgracia, esta cultura de prevención fue transitoria y ha tenido un retroceso, ya que la gente no considera prioritario adquirir un seguro, por lo que no está dispuesta a costearlo.

Las estadísticas emitidas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indican que solo el 6.5% de los hogares cuenta con un producto de aseguramiento adquirido de manera voluntaria y que otro 20% tiene una póliza forzosa que está ligada a un crédito hipotecario. Estos porcentajes dejan claro que, a pesar de que vimos a muchas personas perder su hogar y patrimonio, todavía no consideramos una prioridad el actuar de manera preventiva y adquirir un seguro.

Debido al número de edificios derrumbados y de pérdidas humanas en septiembre de 2017, se realizaron peritajes para identificar las causas por las que tantas estructuras se desplomaron. La lamentable conclusión fue que los edificios no cumplían con las medidas de seguridad o las especificaciones requeridas. Esto evidenció la cadena de corrupción conformada por empresas constructoras y autoridades, que violaban las disposiciones y realizaban malas prácticas para reducir costos.

Esta problemática impulsó diversos cambios en la legislación y las normas correspondientes a la materia, los cuales se reflejaron en diversos documentos, como la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente (1 de diciembre de 2017); el Acuerdo por el que se actualizan las normas técnicas complementarias (15 de diciembre de 2017), que renueva y adecua las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones, diseño por sismo, diseño por viento, diseño y construcción de estructuras de acero, diseño y construcción de estructuras de concreto, diseño y construcción de estructuras de madera, diseño y construcción de estructuras de mampostería, y los criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones; la Norma técnica complementaria para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones (15 de diciembre de 2017); el Reglamento de construcciones para el Distrito Federal (15 de diciembre de 2017), que establece las definiciones de evaluación de seguridad estructural y de rehabilitación, así como las obligaciones del corresponsable en seguridad estructural; la Ley general de protección civil (22 de diciembre de 2017); la Ley de desarrollo urbano para el Distrito Federal (22 de marzo de 2018); la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal (22 de marzo de 2018), y la Ley para la reconstrucción integral de la Ciudad de México (7 de diciembre de 2018).

A pesar de estas modificaciones y del reforzamiento de la normatividad, el cambio trascendental no se ha dado. El sector asegurador debe tanto ejecutar acciones que tiendan a volver accesibles los seguros de daños para los inmuebles como fomentar la cultura financiera y la cultura de la prevención. Aún no hemos asimilado la enseñanza por completo. El problema no se resolverá con solo reformar la regulación, pues es indispensable que la sociedad mexicana comprenda y aproveche los beneficios del seguro para gestionar sus riesgos y evitar las pérdidas económicas o el detrimento de su patrimonio.

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