Sector Asegurador

Actualización del artículo 492 de la LISF: disposiciones generales contra el lavado de dinero en el sector asegurador

Israel Trujillo Bravo / Twitter @DrTrujilloBravo

El 19 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, que se aplican al sector asegurador y se refieren al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF). Estas invalidan los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS) y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (LFIF), que seguían vigentes a pesar de que ambas leyes fueron abrogadas en 2015. La actualización responde a las recomendaciones expresadas en la Evaluación Mutua de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) y a la estrategia para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019‑2024. En este artículo se expone de forma breve los principales cambios que entraron en vigor el 31 de diciembre de 2020.

Definiciones para el artículo 492 de la LISF

Aunque varios conceptos se podían inferir de las disposiciones generales anteriores, en las nuevas se aclara qué se entiende por agente, comprador de salvamento, firma electrónica, geolocalización, grado de riesgo y grupo empresarial, entre otros términos.

Obligaciones relacionadas con el artículo 492 de la LISF

En cuanto a las responsabilidades atribuidas a los participantes del sector asegurador, resaltan tres:

  1. Los agentes deben aplicar la política de identificación del cliente, que tenga la institución para la que intermedian. Para ello, la aseguradora debe facilitarles el manual o documento correspondiente, así como notificarles cualquier modificación.
  2. En la política de identificación del cliente se debe incluir la identificación de fiduciarias, de acuerdo con lo señalado por las nuevas disposiciones.
  3. Al expediente del cliente deben incorporarse los mismos datos y documentos de los fideicomisos que tengan el carácter de beneficiarios.

Novedades vinculadas al artículo 492 de la LISF

Hay nueve ejes temáticos que presentan aspectos novedosos que debes tener en cuenta:

  1. Suspensión del proceso de identificación. Las aseguradoras deben interrumpir las acciones de identificación del cliente si este se relaciona con terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, para no prevenirlo de posibles acciones en su contra. Si suspenden dicho proceso, deben reportar la operación inusual y la información disponible, a través del formato oficial correspondiente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
  2. Operaciones no presenciales. Aunque las aseguradoras reúnan la documentación de manera digital y no realicen la entrevista de forma presencial, no deben celebrar ninguna operación de forma remota si no han obtenido antes, tras previo consentimiento del cliente (autorización mediante firma electrónica), la geolocalización del dispositivo desde el cual este pretende celebrar la operación.
  3. Empresas del mismo grupo. Las aseguradoras que formen parte de agrupaciones financieras podrán integrar y compartir el expediente de identificación del cliente, siempre que cuenten con la autorización de este y tengan entre ellas un convenio para tal efecto.
  4. Cuentas concentradoras. Las aseguradoras que sean titulares de una cuenta concentradora deben aplicar las políticas y medidas de identificación y conocimiento a los clientes que la usen; dar seguimiento a los movimientos en dicha cuenta, y reportar a la SHCP las operaciones relevantes, inusuales o preocupantes de clientes, directivos, funcionarios, empleados o apoderados.
  5. Operaciones relevantes. Ahora se considera operación relevante a aquella cuyo monto sea de al menos 7500 dólares americanos.
  6. Modelos novedosos. En caso de que, para la prestación de servicios financieros, una aseguradora utilice herramientas o medios tecnológicos con modalidades distintas a las existentes en el mercado al momento de obtener la autorización temporal a la que se refiere la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, deberá identificar y evaluar los riesgos, antes del lanzamiento del producto o servicio; presentar el resultado de la evaluación a la CNSF, junto con la solicitud de autorización, y ajustarse a las disposiciones, según las condiciones y excepciones que señale la CNSF, tras la opinión de la SHCP.
  7. Intercambio de información entre aseguradoras. Solo podrá ser solicitado por los funcionarios de las compañías que están autorizados para ello, mediante un escrito que especifique el motivo y la clase de información requerida. El intercambio deberá limitarse única y exclusivamente a fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionadas con los supuestos previstos en los artículos 139, 139 quáter, 148 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
  8. Enfoque Basado en Riego (EBR).Ahora las aseguradoras cuentan con directrices para entender cómo y hasta qué punto son vulnerables a los riesgos en materia de lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT). Esto les permitirá asignar de forma eficiente sus recursos y aplicar los procesos adecuados de gestión de riesgos. Para ello, es importante que identifiquen la diferencia entre las amenazas financieras y las relacionadas con el LD y el FT, usando una metodología de evaluación, identificación, medición y mitigación de riesgos. Entre las amenazas se encuentran diversos aspectos relacionados con los productos, los servicios, los tipos de clientes, los países, las áreas geográficas, las transacciones, los canales de envío o distribución y la infraestructura tecnológica para las operaciones. Entre los mitigantes de riesgo están el gobierno corporativo, la auditoría en materia de prevención de LD y FT, las estructuras internas, el manual de cumplimiento, el sistema automatizado y la capacitación.
  9. Capacitación y difusión.Al menos una vez al año, debe ejecutarse un programa de formación para los miembros del Consejo de Administración, los directivos, los funcionarios y los empleados, incluyendo a quienes laboren en las áreas de atención al público o de administración de recursos. Este programa debe abarcar el contenido del manual de cumplimiento, que la aseguradora haya desarrollado para acatar por completo las nuevas disposiciones, y debe incluir las actividades, los productos y los servicios que ofrezca dicha compañía.

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