Raúl Carlón Campillo
Director general, Tranquilidad y Proyección tranquilidadyproyeccion@gmail.com
Los riesgos inherentes a la conducta de las personas que, elegidas o no, asumen cargos y posiciones públicas pueden generar cambios en la actividad aseguradora. El escenario político ha privilegiado la popularidad de sus representantes por encima de la capacidad deseable para desempeñar sus responsabilidades públicas. Esto desarrolla una insaciable necesidad de protagonismo con los excesos que vemos y padecemos de estos funcionarios. Proponer iniciativas centradas en la popularidad resulta, en la mayoría de los casos, desastroso.
El soporte técnico suficiente para garantizar la viabilidad y el sostenimiento en el tiempo es desechado por el político. El riesgo de semejante omisión desemboca en la promulgación de leyes que son violadas ante su imposible observancia o conducen a litigios y controversias dirimidas en foros distintos de aquellos de donde salieron. En tanto, los usuarios de los servicios que se contratan y las empresas que los brindan transitan con la incertidumbre como estandarte en el campo de las interpretaciones polarizantes.
En septiembre, el Congreso se dispone a discutir la iniciativa de modificaciones al seguro de gastos médicos mayores con el acuerdo de todas las bancadas de la Cámara de Diputados, según afirma un activo legislador. Su perfil es el origen de su activismo. La motivación de protagonismo que rige su actuar enarbola la bandera de “protección” a los usuarios de hospitales privados y contratos de seguros médicos, lo que alimenta la percepción de “abuso” que se generaliza entre los usuarios del sector salud y asegurador. Sin embargo, el legislador se asume como salvador de los abusados y verdugo de los abusadores, para saciar su necesidad de popularidad.
El perfil de los responsables de legislar no es ajeno a quienes vivimos las consecuencias de ese trabajo. Los integrantes de ese poder pueden ser electos por la población. El perfil de los electores y los elegidos se combina para dar vida a las realidades que vivimos como país, pero que padecemos como sector, a pesar de que somos el tercer inversionista en papel gubernamental y atendemos a 14 millones de personas que, de otra forma, padecerían las carencias de las instituciones de salud pública.
El seguro de gastos médicos mayores es, en esencia, un contrato de capital para pagar pérdidas cuyo fundamento es el principio mutual vigente desde hace cuatro milenios. Sumar mutuarios al modelo reduciría las aportaciones, lo que tal vez sustentaría la creación de programas sociales para contratar seguros privados. El modelo de subsidio con un contrato acotado puede ser la salida, sobre todo para que la población de adultos mayores conserve su seguro de gastos médicos mayores.
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