En México, septiembre está cargado de simbolismo. Es el mes de la independencia nacional, de las celebraciones patrias y del orgullo histórico.
HumbertoRiquelme / Gerente de Suscripción de Reaseguro, Active Re hriquelme@acreinsurance.com
En México, septiembre está cargado de simbolismo. Es el mes de la independencia nacional, de las celebraciones patrias y del orgullo histórico. Sin embargo, también es un mes marcado por la memoria de algunos de los terremotos más devastadores que ha experimentado el país.
Aunque la ciencia ha demostrado que los sismos no ocurren por temporadas y que no existe una relación física que haga a septiembre más propenso a ellos, la coincidencia de varios eventos de gran magnitud sucedidos durante este mes ha dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva de los mexicanos. Esto ha convertido septiembre en un recordatorio permanente de la vulnerabilidad sísmica del país y de la importancia de estar preparados frente a los desastres naturales.
Nadie olvida el 28 de julio de 1957, cuando cayó el Ángel de la Independencia por un sismo de magnitud 7.8, ni el 19 de septiembre de 1985, cuando ocurrió el terremoto de magnitud 8.1 que quizá representa el caso más emblemático y provocó una de las mayores tragedias urbanas de la historia moderna de América Latina: miles de individuos perdieron la vida, más de 150 mil personas resultaron damnificadas y los daños económicos alcanzaron miles de millones de pesos. Décadas después, el 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1 volvió a golpear el centro del país y reabrió las heridas que parecían haber cicatrizado. A estos eventos se suman el terremoto de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017 en el Golfo de Tehuantepec y el sismo de magnitud 7.7 registrado el 19 de septiembre de 2022 en Michoacán. Cuando ocurre un gran sismo, las pérdidas no se limitan a los daños en viviendas, inmuebles o propiedades, pues también se afectan las industrias, los comercios, los hospitales, los centros educativos, las cadenas de suministro y miles de fuentes de empleo. La recuperación de una comunidad puede tardar años y requiere recursos financieros considerables.
Es en este punto donde entra en escena una herramienta poco conocida por el público general, pero fundamental para la estabilidad económica después de una catástrofe: el reaseguro. Con frecuencia se describe a este como “el seguro de las aseguradoras”. En esencia, su mecanismo es muy sencillo: las compañías de seguros transfieren parte de los riesgos que asumen a las entidades especializadas llamadas reaseguradoras. Gracias a esto, cuando ocurre un evento extraordinario como un terremoto, las pérdidas no recaen exclusivamente sobre una sola aseguradora, sino que se distribuyen entre los diversos participantes del mercado internacional. La importancia de este esquema se entiende mejor al considerar la naturaleza de los riesgos sísmicos. A diferencia de un incendio individual o de un accidente aislado, un terremoto puede generar decenas de miles de reclamaciones de forma simultánea. En cuestión de segundos, una aseguradora puede enfrentar en una mis- ma región geográfica reclamaciones relacionadas con viviendas, edificios comerciales, instalaciones industriales, hoteles, hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, eventos públicos, automóviles y vidas. Sin el respaldo del reaseguro, la capacidad financiera de muchas aseguradoras sería insuficiente para absorber las pérdidas de tal magnitud.
Las cifras históricas confirman esta realidad. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el terremoto de 1985 generó alrededor de 440 millones de dólares en indemnizaciones aseguradas, una cantidad extraordinaria para el mercado de aquella época. De hecho, este evento marcó un antes y un después en la gestión del riesgo catastrófico en México y motivó cambios significativos en los modelos de evaluación, tarificación y transferencia de riesgos utilizados por la industria.
Más de tres décadas después, los sismos de septiembre de 2017 volvieron a demostrar la relevancia de la protección aseguradora y reaseguradora. Al principio, la AMIS estimó que las pérdidas aseguradas eran cercanas a los 30 mil millones de pesos y se derivaban de más de 73 mil reclamaciones relacionadas con viviendas, comercios, industrias, hospitales y entidades públicas. Conforme avanzó el proceso de ajuste y liquidación de siniestros, las pérdidas aseguradas ascendieron a alrededor de 32 mil 544 millones de pesos. Sin embargo, las pérdidas económicas totales para el país fueron de alrededor de 61 mil millones de pesos, lo que puso de manifiesto una importante brecha de protección: casi la mitad de las pérdidas no estaba asegurada.
Estas cifras reflejan uno de los principales desafíos que enfrenta la región. Aunque los terremotos generan impactos económicos de enorme magnitud, el nivel de aseguramiento sigue siendo relativamente bajo. Datos citados por la AMIS indican que apenas alrededor de una cuarta parte de las viviendas mexicanas cuenta con algún tipo de seguro. En consecuencia, cuando ocurre una catástrofe, una parte considerable de la reconstrucción debe financiarse mediante el ahorro de las familias, los recursos públicos o los programas extraordinarios de apoyo gubernamental.
Desde la perspectiva del reaseguro, los terremotos de 2017 constituyeron una de las mayores pruebas para el mercado mexicano contemporáneo. Las indemnizaciones por más de 32 mil millones de pesos pudieron ser absorbidas gracias al respaldo de los programas de rea- seguro estructurados previamente por las aseguradoras. Este modelo permitió distribuir las pérdidas entre los reaseguradores de diversas partes del mundo, lo cual evitó que el peso financiero de la catástrofe se concentrara solo en el mercado local y garantizó que miles de asegurados recibieran los recursos necesarios para reconstruir sus hogares y negocios, así como para reiniciar sus actividades económicas.
La experiencia acumulada por México ha impulsado el desarrollo de herramientas cada vez más sofisticadas para la gestión del riesgo catastrófico. En la actualidad, las aseguradoras y las reaseguradoras utilizan modelos probabilísticos avanzados que integran información geológica, ingeniería estructural, geolocalización de riesgos y análisis estadístico para estimar las pérdidas potenciales ante futuros terremotos.
Estos modelos permiten determinar niveles adecuados de capital, diseñar programas de reaseguro más eficientes y fortalecer la resiliencia financiera del sistema asegurador. Sin embargo, la resiliencia no depende solo de los recursos financieros disponibles después de un desastre. También requiere una cultura de prevención, unas normas de construcción adecuadas, una educación ciudadana y unos mecanismos eficaces de protección civil. Los terremotos que marcaron la historia reciente de México han demostrado que la gestión integral del riesgo debe combinar los esfuerzos de los gobiernos, el sector privado, las instituciones académicas y la ciudadanía.
La experiencia mexicana ofrece valiosas lecciones para la región latinoamericana, sobre todo en materia de prevención, transferencia de riesgos y planificación financiera frente a los eventos catastróficos. En sociedades cada vez más urbanizadas, donde existe una creciente concentración de activos e infraestructura crítica, la capacidad de recuperarse con rapidez después de un desastre depende en gran medida de la fortaleza de los mecanismos financieros de protección. Cada septiembre invita a recordar los terremotos que han marcado la historia mexicana y a reflexionar sobre la importancia de construir sociedades más resilientes. En este esfuerzo, el seguro y el reaseguro desempeñan un papel esencial. Nuestros países hermanos, Venezuela y Colombia, ahora enfrentan las consecuencias de estos fenómenos. Aunque rara vez aparecemos en los titulares, los reaseguradores constituimos una red silenciosa de respaldo que permite transformar pérdidas potencialmente devastadoras en riesgos financieramente manejables. Nuestra contribución no solo fortalece a las aseguradoras, sino también facilita la recuperación de países, comunidades, empresas y familias. Esto demuestra que la resiliencia frente a las catástrofes también se construye desde la gestión inteligente del riesgo.
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