Fianzas

Suscripción de fianzas de empresa – Más allá de un requisito administrativo

Mtra. en Derecho Karla Patricia Nieto Contreras / nieto.karla2@gmail.com

La fianza de empresa es un instrumento fundamental para respaldar las obligaciones derivadas de contratos de obra pública, suministro de bienes o prestación de servicios.

Uno de los principales valores que aportan las instituciones de fianzas y las aseguradoras de caución es el análisis integral que realizan antes de la emisión de las pólizas de fianza para verificar la capacidad técnica, moral, financiera y legal del solicitante (fiado) para cumplir el contrato garantizado; determinar si la obligación es afianzable, y evaluar el nivel de riesgo que se asumirá al otorgar la garantía. Durante este proceso, las instituciones revisan, por ejemplo, la congruencia entre el giro de la empresa y el tipo de contrato que se pretende garantizar.

Capacidadtécnica: ¿el solicitante puede ejecutar el proyecto?

La primera etapa de la evaluación y la más relevante consiste en determinar si el solicitante cuenta con la experiencia, la organización, los procesos, el personal y los recursos necesarios para ejecutar de forma satisfactoria el objeto del contrato garantizado. Para ello, se suelen analizar, entre otros aspectos de la empresa:

  • Antigüedad o tiempo de operación.
  • Giro o actividad económica.
  • Personal clave (trayectoria, conocimientos y competencias del equipo directivo y operativo).
  • Experiencia institucional en proyectos similares.
  • Historial de cumplimiento de contratos anteriores.
  • Organización administrativa y capacidad operativa.
  • Relación con clientes relevantes y volumen de operaciones.
  • Infraestructura, maquinaria y equipo, si la naturaleza del contrato lo requiere.

Cuando el fiado pretende garantizar un proyecto que no corresponde a su especialidad, capacidad operativa o experiencia comprobable, el riesgo de incumplimiento aumenta de manera considerable.

Capacidad moral: confianza y comportamiento contractual

La capacidad moral se refiere a la evaluación de la conducta, la reputación y la confiabilidad del solicitante, elementos que permiten estimar la probabilidad de que este cumpla de forma voluntaria las obligaciones asumidas. Entre los principales aspectos que suelen revisarse se encuentran:

  • Honestidad y ética empresarial.
  • Historial de incumplimientos o sanciones.
  • Desempeño y consistencia en contratos anteriores.
  • Cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.
  • Causas de terminación o rescisión de contratos previos.
  • Existencia de litigios o controversias relevantes.
  • Antecedentes de reclamaciones o incumplimientos en fianzas anteriores.
  • Reputación comercial.
  • Transparencia en la información proporcionada.
  • Cumplimiento de la normatividad aplicable.

Esta evaluación constituye un elemento fundamental para valorar el riesgo asociado al comportamiento contractual del solicitante.

Capacidad financiera :solvencia para cumplir

La evaluación financiera tiene como finalidad determinar si el fiado tiene los recursos suficientes para cumplir de forma oportuna las obligaciones derivadas del contrato, sin comprometer la estabilidad de su empresa. Para ello, suelen analizarse, entre otros elementos:

  • Estados financieros.
  • Flujo de efectivo.
  • Capital contable.
  • Liquidez y capital de trabajo.
  • Generación de utilidades.
  • Nivel de endeudamiento.
  • Rentabilidad.
  • Líneas de crédito disponibles.
  • Capacidad de pago ante contingencias.
  • Historial crediticio.
  • Inventarios.
  • Concentración de clientes y fuentes de ingresos.

Asimismo, para verificar que la empresa puede asumir compromisos adicionales sin poner en riesgo su estabilidad, las instituciones acostumbran calcular diversos indicadores financieros, como:

  • Razón circulante.
  • Prueba ácida.
  • Capital de trabajo.
  • Índice de endeudamiento.
  • Margen de utilidad.
  • Rendimiento sobre activos.
  • Rendimiento sobre capital.
  • Cobertura del servicio de la deuda.

La calificación crediticia otorgada por una agencia calificadora como Fitch Ratings, Moody’s o S&P Global Ratings, si existe, constituye un elemento adicional para valorar la fortaleza financiera y la capacidad de cumplimiento del solicitante.

Con estos elementos se calculan las líneas de afianzamiento que ayudan a agilizar la emisión de fianzas administrativas —de licitación, anticipo, cumplimiento y buena calidad—; sin embargo, cada documento fuente se revisa para analizar las obligaciones y condiciones a afianzar.

Capacidad legal: cumplimiento

La suscripción también comprende la verificación de la capacidad legal del solicitante. Para ello, se revisa, entre otros aspectos, que:

  • La empresa se encuentre legalmente constituida.
  • Sus representantes cuenten con facultades suficientes y vigentes para celebrar contratos.
  • No existan impedimentos legales relevantes, operaciones irregulares o inconsistencias documentales que puedan afectar la validez de las obligaciones.
  • El contrato garantizado establezca con claridad su objeto, plazo, obligaciones, penalidades y demás condiciones relevantes.

El análisis del tipo de contrato —obra, suministro, prestación de servicios, mantenimiento, arrendamiento o licitación, entre otros— resulta indispensable para identificar de forma adecuada los riesgos que implica la obligación a garantizar.

Análisis del documento fuente: viabilidad jurídica

La evaluación también abarca el análisis del documento cuya obligación será garantizada, considerando aspectos como:

  • Tipo de contrato (por ejemplo, obra a precio alzado, llave en mano, suministro o prestación de servicios).
  • Monto de la obligación.
  • Objeto del contrato.
  • Divisibilidad de las obligaciones.
  • Plazo de ejecución.
  • Riesgos inherentes al proyecto.
  • Penalizaciones previstas.
  • Garantías adicionales.
  • Lugar de cumplimiento.
  • Moneda de pago.
  • Jurisdicción aplicable para la solución de controversias.
  • Solvencia y naturaleza del beneficiario.

Cada uno de estos elementos puede influir en el nivel de riesgo que asume la institución al emitir la fianza.

Solicitud de garantías de recuperación

Como parte de la administración del riesgo, las instituciones pueden requerir contragarantías en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como de la Circular Única de Seguros y Fianzas:

  • Obligación solidaria de accionistas, sociedades controladoras, subsidiarias o filiales.
  • Afectación en garantía.
  • Prenda.
  • Hipoteca.
  • Carta de crédito.
  • Convenio de indemnidad.
  • Administración o manejo de cuentas.
  • Fideicomiso en garantía.

Estas contragarantías permiten fortalecer las posibilidades de recuperación de las cantidades pagadas por la institución, en caso de que esta deba pagar una reclamación y luego ejercer las acciones legales correspondientes en contra del fiado.

Conclusión

La suscripción de una fianza de empresa constituye un proceso integral de administración de riesgos que beneficia a todas las partes involucradas: al beneficiario, porque le brinda la confianza de contar con una garantía respaldada por un análisis especializado; a la institución afianzadora o aseguradora de caución, porque le permite asumir riesgos técnicamente evaluados, y al fiado, porque una evaluación favorable le permite obtener el respaldo afianzador necesario para conseguir y ejecutar proyectos o contratos que requieren esta garantía, lo cual amplía sus oportunidades de negocio.

Con base en la evaluación integral se determina la procedencia de la emisión de la fianza, así como las condiciones bajo las cuales esta se otorgará. La suscripción, por tanto, no debe entenderse solo como un requisito para la expedición de la póliza, sino como un mecanismo de administración de riesgos que fortalece la confianza entre las partes y contribuye a la adecuada ejecución de las obligaciones garantizadas al verificar que el fiado cuente con la capacidad suficiente para cumplir y que existan mecanismos adecuados para la recuperación de los pagos que efectúe la institución.

La adecuada suscripción contribuye a que la fianza continúe consolidándose como una de las garantías más eficaces para brindar seguridad jurídica y certeza a los beneficiarios de que los proyectos y contratos respaldados cuentan con un mecanismo idóneo para  proteger el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

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