Sector Asegurador, Seguros

Covid-19 como disparador de reclamos y juicios

Carlos Zamudio Sosa / México Claims and Risk Management, S.C. carlos.zamudiososa@gmail.com

De manera general, los contratos de seguro son lo suficientemente claros en su redacción y permiten comprender, de forma más o menos eficiente, que se transfieren a una aseguradora las consecuencias perniciosas derivadas de daños materiales —las coberturas de pérdidas consecuenciales siguen tal suerte—. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la formalidad en el lenguaje de este tipo de contratos, ya que a veces se emplean conceptos extraídos de otras latitudes o se imprime en ellos el estilo particular de cada compañía, lo que da origen a equivalencias como el uso de los conceptos lucro cesante o business interruption (BI) en vez de pérdidas consecuenciales.

Pese a las equivalencias, hay consistencia en lo que entendemos por incendio, huracán, gastos fijos, disminución de utilidades e, incluso, gasto extraordinario. Por eso, aunque para el no versado resulte confuso que para acceder a una indemnización de consecuencias financieras debe suscitarse un daño material amparado, las condiciones en realidad son claras. Algunos afirman que el espíritu de las pólizas es resarcir pérdidas, pero de esos fantasmas están llenas las aseguradoras, donde solo espantan al desprevenido. Para aclarar un poco esto, en el cuadro se sintetizan los elementos técnicos de los seguros de Todo Riesgo y Riesgo Nombrado, de esta manera el interesado también puede apreciar con facilidad las similitudes y diferencias entre ambos, y notar cómo la ocurrencia de un daño previsto o no excluido es susceptible de cobertura en cualquiera de los rubros de pérdidas consecuenciales.

Por supuesto que, en los tiempos de la covid-19, aparecerán asegurados que pretendan que el garante absorba las pérdidas consecuenciales derivadas de no poder hacer uso de sus inversiones físicas, ya que, según su interpretación, esto es lo que les vendieron; sin embargo, en la mayoría de las veces, no es viable lograr que un reclamo proceda sin haber demostrado un daño material en el edificio, los contenidos o ambos.

Es evidente que, cuando se presenta este tipo de reclamaciones, entramos en terreno de lecturas interpretativas, pues, por ejemplo, algunas personas pretenderán hallar un argumento en los seguros que cubren todo riesgo y encontrar una analogía entre las consecuencias de la existencia de un virus y los efectos físicos dañosos de la liberación de un gas como el amoniaco o de la propagación de hongos en sistemas de ventilación, que, siendo a veces invisibles, también imposibilitan el uso de los activos. Sin embargo, en los contratos de seguro nuevamente, de manera más o menos clara, se precisa que es motivo de exclusión la contaminación por microorganismos o por gas amoniaco, pues, a menos que este último se transmute, por ejemplo, en agua amoniacal, es muy difícil que dañe físicamente los activos.

Una confusión mayor se manifiesta cuando el contrato ofrece cubrir la imposibilidad de uso de los bienes por orden de una autoridad constituida, pero, en general, para que aplique la procedencia de un reclamo por esta causa deben liberarse candados muy precisos, algo que ciertamente no ocurre en nuestra actual realidad.

La coexistencia de efectos financieros en varios niveles es algo que sí está sucediendo. Por ejemplo: Un arrendatario, al que se ha impedido usar el bien que arrendó, podría oponerse al pago de la renta alegando un caso fortuito o una fuerza mayor materializada en la imposición establecida por una autoridad constituida; el arrendador, en caso de contar con un seguro de Pérdida de Rentas, podría considerar que tiene el derecho de reclamar los ingresos no obtenidos a la compañía de seguros, pero, para que la reclamación procediera, tendría que probar la ocurrencia de un siniestro asegurado o no excluido en el caso de un seguro Todo Riesgo.

Así pues, es previsible que se desarrollarán litigios en contra de las aseguradoras. Ellas defenderán que no se actualizó un riesgo amparado, existe una exclusión expresa o ambos supuestos, y que no cobraron una prima de paralización por virus, por lo que, en consecuencia, no se generaron las reservas legales impuestas por los ordenamientos. Por el lado contrario, el asegurado, ahora convertido en reclamante, persistirá en la idea de que sufrió un daño económico, porque no puede acceder al uso de los bienes asegurados, y de que debe proceder el pago de las consecuencias perniciosas, incluyendo las comúnmente llamadas pérdidas consecuenciales.

Solo los especialistas, después del análisis particular de cada caso, tendrán la capacidad de encontrar las salidas técnicas y jurídicas suficientes para superar las deficiencias del contrato y plantear litigios sólidos dignos de estudio judicial.

Además, hay pólizas que se pueden reclamar de manera accesoria por los perjuicios financieros, como el seguro de responsabilidad civil “D&O” (directores y oficiales). Hoy los inversionistas están viendo caer sus dividendos, lo que les provoca un quebranto como tenedores de títulos, así que podrían presumir que los actos y las omisiones de los funcionarios impidieron administrar correctamente la exposición a los vaivenes económicos de la pandemia, y reclamar, en caso de haber suscrito un seguro de omisiones, las pérdidas que siendo previsibles no fueron atendidas. De esta manera, los inversionistas se convertirían en beneficiarios del seguro, así que tendrían el derecho de reclamar directamente a la aseguradora el perjuicio respectivo y, de ser necesario, llamarle a juicio al mismo tiempo, dentro de los límites de ese tipo especial de producto.

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