Sector Asegurador, Seguros

Obligatoriedad del seguro

Lic. Aramburu /Director jurídico, Quálitas

A partir de 2019 se debe contar de manera forzosa con un seguro obligatorio de responsabilidad civil –aquel que cubre daños a terceros– para circular en vías, caminos y puentes federales. Así lo indica la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) en el artículo 63 Bis.

La medida entró en vigor el 1 de enero de 2019 y tiene como objetivo proteger a las víctimas de accidentes de tránsito, la segunda causa de muerte en la población mexicana de entre 5 y 34 años, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Hay cinco aspectos relevantes en torno a esta medida:

  1. El artículo 74 Bis de la LCPAF indica que, en la CDMX, los conductores que no cuenten con el seguro que garantiza la reparación de daños a terceros tendrán que pagar una multa que va de 2 a 4 mil pesos, equivalente a entre 20 y 40 días de salario mínimo. Se debe enfatizar que este monto de multa aplica solo para la CDMX, pues varía de acuerdo con la entidad. Por ejemplo, en Nayarit, la sanción puede llegar hasta los 6 mil pesos.
  2. La contratación del seguro es responsabilidad del propietario del vehículo.
  3. La modificación a la ley se creó en 2014, pero solo obligaba a autos de 2011 y posteriores; hoy todos los modelos deben estar asegurados, sin importar el año de fabricación o el valor de facturación.
  4. En daños materiales, la cantidad mínima con la que debe contar el seguro obligatorio para autos es de 50 mil pesos.
  5. Para lesiones e indemnización por muerte, la suma asegurada debe ser de 100 mil pesos.

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Alcances del seguro obligatorio

En comparación con un producto tradicional de cobertura limitada, el de responsabilidad civil no ampara el robo del vehículo; comparado con un seguro de cobertura amplia, no cubre al conductor responsable, sus acompañantes o los daños de su auto.

Es importante contemplar que, por su gravedad, los daños derivados de un accidente pueden rebasar la suma asegurada de 150 mil pesos, que cubre el seguro obligatorio. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil de la mayoría de las entidades federativas del país obliga a pagar, en caso de una indemnización por muerte, hasta 4.5 millones de pesos. Esta cantidad es autónoma de la que se genera en materia penal, pues recordemos que, en general, los accidentes de tránsito se traducen en delitos y, en este rubro, la legislación penal establece montos de indemnización por muerte que van de los 150 mil a los 550 mil pesos.

De las 32 entidades del país, solamente Michoacán no contempla el seguro obligatorio. Por el contrario, Querétaro e Hidalgo son las entidades más avanzadas, pues la primera ya prevé regulaciones para el transporte de pasajeros a través de plataformas o aplicaciones móviles y la segunda estableció que, con el pago de la tenencia, el contribuyente adquiere de manera automática un Seguro de Responsabilidad Civil por Uso de Vehículo Automotor de Uso Particular.[1] Esta medida tiene la finalidad de proteger a los automovilistas contra cualquier pérdida económica por daños a terceros, relacionada con siniestros derivados de conducir su vehículo, y cumplir con la obligación señalada en el artículo 63 Bis de la LCPAF.

Recomendaciones

Como puede observarse, un seguro obligatorio no es suficiente para cubrir los posibles daños derivados de un accidente de tránsito. Aunque, en materia de salud (lesiones), los gastos se trasladan de manera directa al Estado, por conducto de las instituciones de seguridad social, los accidentes vehiculares impactan tanto la economía nacional como el bolsillo de las personas que los sufren.

Resulta preocupante que, a pesar de la obligatoriedad del seguro, aproximadamente el 70% de los vehículos que transitan en México no cuentan con él. Este porcentaje es más alarmante si se toma en cuenta que las lesiones, discapacidades y muertes, que se derivan de un accidente de tránsito, cuestan más de 120 mil millones de pesos al año.[2]

Ante este panorama, sin duda alguna, es altamente recomendable no limitarse al seguro obligatorio, sino contratar un producto de auto, que tome en cuenta las cantidades que tanto la legislación civil como la penal establecen como indemnización en caso de muerte, para que, de esta manera, las coberturas y las sumas aseguradas contratadas sean las adecuadas y otorguen al contratante la confianza y la seguridad de que, ante un riesgo de esta índole, no sufrirá afectación alguna en su patrimonio.

Por otro lado, creemos que es de suma importancia que el gobierno emita políticas públicas que establezcan que las sumas aseguradas del seguro obligatorio deben ser acordes a lo que determina la legislación penal y civil de cada entidad, a fin de que no vea afectado su presupuesto por los servicios médicos y hospitalarios que se vea obligado a cubrir cuando los participantes en un accidente de tránsito no cuenten con un seguro.


[1] Publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

[2] De acuerdo con la información proporcionada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en diciembre de 2018.

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